Abusos y derechos

Marcelo Gioscia

La comprobación de ausencias de docentes al dictado de sus horas de clase con el consiguiente perjuicio a sus alumnos, sus padres y también al Estado que siguió abonando sus haberes salariales, sigue dando que hablar. Nuevamente quien fuera uno de los beneficiarios de estas justificaciones por “horas gremiales”, y que usufructuara de este beneficio ha manifestado una intencionalidad política en todo este tema. La FENAPES (Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria) no logra hasta el momento justificar en legal forma lo que se presenta como un claro abuso y no un “derecho gremial”, como se pretende por quienes han sido denunciados. No han cumplido con su deber de asistencia a la función por la cual cobran mes a mes sus haberes. Desconocen olímpicamente las normas legales y constitucionales que regulan la materia y hasta recurren a la OIT (Organización Internacional del Trabajo, de las Naciones Unidas) para plantear esta “persecución” de la que arguyen ser objeto. Ahora resulta que, no se trata de “certificados” sino solo de “constancias”, las que se dejaban firmadas y sin fecha, para que se justificaran las inasistencias, llegándose incluso a reconocer ante la Comisión Investigadora del Poder Legislativo -con total falta de vergüenza- que toda esta situación no hubiera tomado estado público, si el Frente Amplio no hubiera perdido las elecciones nacionales. Si, aunque parezca increíble, todas estas  irregularidades hubieran seguido “tapándose” si el resultado electoral no les hubiera sido adverso. Siguen mostrándose como víctimas, sin aceptar responsabilidad alguna, solo derechos y más derechos es lo que hay que reclamar…pero jamás reconocer que cada uno de esos derechos, va de la mano de una obligación. Parecen ignorar que, el funcionario existe para la función y que si bien la Constitución y la Ley protegen el derecho de agremiación y el de huelga, e incluso licencias por motivos gremiales, su primer deber es cumplir con el dictado de sus horas de clase y que al parecer, no existe un convenio al que haya que someterse, para justificar estas inasistencias, que exceden largamente lo razonable. Cabe preguntarse qué autoridad moral pueden esgrimir al ejercer su función docente, quienes utilizan su cargo en su exclusivo beneficio, o en el de las actividades gremiales a las que sirven. Ciertamente escandalosa esta situación que ha tomado estado público, a la que debe ponerse fin, atribuyendo las responsabilidades que a cada uno correspondan. Debe quedar muy claro que aquí, nadie tomó de “rehén a la educación”, ni se trata de “cobrarle cuentas” a este gremio, como insólitamente manifiestan los implicados. Se trata, de poner las cosas en su lugar y actuar dentro de las disposiciones legales vigentes. Se busca proceder con la verdad, en favor de la noble tarea docente a la que defraudan. Se pretende poder dar una respuesta, tanto a los alumnos que perdieron esas “horas docente” a las que tenían derecho, como al contribuyente que paga sus impuestos con sacrificio y en suma, es quien hace posible funcione la educación pública. Así de simple.  

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