Bastardeando la democracia

Ricardo J. Lombardo

Aunque aún no se ha completado la  verificación de firmas para llamar a un plebiscito derogatorio de 135 artículos de la LUC, la ciudadanía ya está asistiendo a una lluvia de mentiras, medias verdades y exageraciones.

El escenario es propicio para ello. Nadie (o casi nadie) de los que opinan, (salvo los legisladores, obviamente) ha podido leer en su totalidad ese articulado tan variopinto y complejo, como para emitir un voto con propiedad. Así que es muy fácil embaucar a los votantes en uno u otro sentido.

Esto cuestiona seriamente el instrumento de la democracia directa.

La democracia representativa se sustenta en que la ciudadanía elija a los parlamentarios que más se identifiquen con su pensamiento, para que dediquen su tiempo a analizar la complejidad de las leyes, evaluar su impacto y aprobar o no su vigencia.

Para eso se les paga salarios nada despreciables y se les inviste de un estatus privilegiado.

Es decir que el carpintero, el obrero, el médico, el maestro, o el agricultor, se dedican a sus actividades y confían en que los legisladores cumplan con sus obligaciones con total dedicación.

En algunos casos, cuando lo que se discute son temas éticos, dilemas específicos que trascienden la delegación puntual a los legisladores  o normas  constitucionales que imperen  sobre todas las demás, se recurre a la democracia directa, es decir a la consulta popular.

Pero este instrumento también hay que cuidarlo.

Someter a plebiscito la derogación de 135 artículos de una ley que incluye una temática tan variada, aprobada legítimamente por las mayorías parlamentarias, supone que la ciudadanía debería subrogar el rol de los representantes y constituirse ella misma en legisladora para poder entender el alcance de esa ley.

El carpintero, el obrero, el médico, el maestro y el agricultor deberían abandonar sus tareas para especializarse en la técnica legislativa y poder discernir si derogar o no ese articulado.

Y si en su análisis resuelve apoyar algunos de los artículos y reprobar otros, ¿qué vota? ¿Por sí o por no?

Obviamente esta situación implica un razonamiento por el absurdo.

Pero al convertirse en real, ambienta el escenario para que la discusión  se convierta en un diálogo de sordos; donde unos critican algunos temas y otros se focalizan en tópicos diferentes; donde la mentira es la verdad para algunos y la verdad, la mentira para otros; donde las posturas se definen a priori según la inclinación política de cada uno, cosa que recurrentemente vuelve a reproducir la bipolaridad de la discusión parlamentaria.

Entonces ¿para qué se hace? ¿Para derogar esos 135 artículos que casi nadie sabe qué contienen o para plebiscitar la gestión del gobierno, cosa que podría hacerse poniendo en marcha mecanismos específicos que prevé nuestro ordenamiento constitucional?

Uno se pregunta si este ejercicio, así como está planteado, no es otra cosa que bastardear la democracia.

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