Con transparencia, a evaporar ineficiencias

Jorge Bonino

Pocos bienes de consumo son de uso tan generalizado como los combustibles derivados del petróleo. Si bien el avance inexorable hacia fuentes energéticas renovables va a ir cambiando poco a poco esa situación, todavía tenemos un altísimo grado de dependencia de los combustibles de origen fósil para múltiples usos tales como transporte, calefacción, cocción, generación de electricidad y un sinfín de aplicaciones de uso industrial.

Eso determina que el precio de los combustibles derivados del petróleo, en particular aquellos de consumo masivo, tales como naftas, gasoil, gas y supergás, sea un precio muy relevante para todos los hogares y empresas, y también para las finanzas públicas, debido al alto componente impositivo que en general tienen en todo el mundo por lo fácil y segura que es su recaudación.

Debido a la dependencia que tenemos respecto de este tipo de bienes, su demanda es altamente inelástica al precio, es decir que el consumo no muestra variantes significativas ante los cambios de precios tanto sean alzas como bajas. Por eso suele ser un tentador medio de recaudación fiscal y también de aumento de la rentabilidad del o de los proveedores, ya que aunque exista competencia, esta no suele incidir a mediano y largo plazo en una variación negativa de los precios en el sector, aunque si puede aportar otro tipo de beneficios para los consumidores como por ejemplo, una mayor y mejor oferta de productos y servicios.

En el precio final incide el nivel de eficiencia de la cadena de importación, refinación, distribución y venta al consumidor, el eventual agregado de costos ajenos al sistema (implícitos y/o explícitos), y también una carga impositiva de nivel excesivo en términos comparativos regionales e internacionales, sobre todo si ella debe ser trasladada al costo de producción de otros bienes.

Esa es la situación en la que se encuentra el mercado uruguayo. Tenemos un ente estatal que tiene el monopolio de la importación y la refinación, pero que además se encarga del almacenaje y de la distribución primaria desde su refinería hasta sus propias y únicas plantas de despacho, actividades que lleva a cabo con un cierto nivel de ineficiencia, a lo que se suma la incorporación en el precio de los combustibles líquidos de sobrecostos provenientes de otras actividades propias deficitarias. Y para completar el cuadro hay sobrecostos resultantes del cumplimiento de normas legales (mezcla mínima obligatoria con biocombustibles) y del financiamiento de subsidios a productos y servicios distintos ajenos a este sistema.

También hay que considerar que hay una carga impositiva importante en los precios de los combustibles que solo algunos sectores y en forma parcial, pueden deducir, por lo que este es otro factor que afecta la capacidad de competencia de nuestra producción, no solo en el mercado externo sino también en el interno.

El gobierno se ha fijado como uno de sus objetivos corregir en general las desviaciones que existen respecto del proceso normal de formación de precios de los combustibles y ya ha implementado algunos cambios de suma importancia, como el fortalecimiento institucional de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA) y el empleo del precio de paridad de importación como guía para la fijación de los precios de comercialización. Además y desde el pasado 31 de julio, ha incorporado en la fórmula de determinación del precio, una variable “X” que representa los sobrecostos a revisar y cuyo valor -que deberá tender a cero en un plazo de tres años- fue establecido en $2,97. Esto significa que ANCAP deberá establecer metas concretas de reducción de costos a corto y mediano plazo, corrigiendo ineficiencias tanto dentro del propio sistema como fuera de él, en especial en lo relativo a algunos negocios como el del cemento portland, que genera pérdidas al ente estatal. Y también que el gobierno deberá definir acciones concretas para corregir los sobrecostos ajenas a las actividades de ANCAP.

En la práctica, se podría decir que el precio al público que fijó el Poder Ejecutivo el pasado 31 de julio, es el que como mínimo habría fijado por el sistema anterior, si no quería generar nuevas pérdidas para ANCAP.

Por lo tanto, se ha entrado en un mecanismo de fijación de precios que es sin duda mucho más transparente que el anterior, pero que en la medida que incorpora explícitamente un costo por ineficiencias, todavía implica una determinación política de precios, aunque con una cierta referencia técnica.

Es más que razonable que no se imponga un cambio de situación de un día para otro, pero tres años parece un plazo demasiado extenso para corregir ineficiencias propias y ajenas del sistema (en especial estas últimas), sobre todo cuando ello repercute en los costos de toda la producción nacional. Es cierto que en el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas se ha propuesto la supresión de la mezcla obligatoria de biodiesel, lo que de aprobarse eliminaría una parte de los sobrecostos, pero si bien principio requieren las cosas, por ahora se ha dado un paso relativamente pequeño.

Sin duda el problema más difícil de resolver es el relativo al subsidio del supergás, no solo por lo que implicaría su supresión (lo que al menos por ahora ha sido descartado por el gobierno) para la población en general, sino porque no es fácil direccionar ese subsidio hacia quienes realmente deberían ser los destinatarios, es decir, las personas de menores recursos económicos y no como ocurre hoy, que reciben el beneficio todos los que adquieren el producto (personas y empresas). Pero es una cuestión que debe resolverse lo más rápido posible y cuya solución y fecha de puesta en marcha debería anunciarse con suficiente antelación como para que los consumidores puedan eventualmente modificar sus hábitos en la materia.

Y otra cuestión importante es si focalizar el eventual futuro subsidio al producto supergás, o si con miras más amplias se otorga el beneficio con la posibilidad de que el usuario decida en qué fuente energética usarlo, de modo de que cada uno pueda optimizar el gasto en función de sus necesidades y posibilidades. Esto requeriría de una oferta de servicios flexible, quizás con un formato de canastas optativas, que podrían pagarse vía tarjetas, sistemas digitales, teléfonos celulares, etc.

Cuanto antes se eliminen los sobrecostos visibles y extrasistema, más rápidamente podrán desnudarse los sobrecostos del propio sistema, en particular aquellos en los que se incurre hasta la distribución primaria inclusive, es decir, hasta la llegada del combustible a las plantas de despacho y la operativa de estas. Recién a partir de ese momento se podrá evaluar con cantidad razonable de elementos de juicio, los pro y contras de eventuales escenarios alternativos para el resto del sistema.

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