Conflicto de intereses

Alvaro Vero

El día 15 abril 2021 en el periódico «El País», ASSE pasaría a la justicia a ex-jerarcas del hospital de Treinta y Tres siendo uno de los motivos el posible conflicto de intereses en las adjudicaciones del servicio.

Ahora bien: ¿cómo se define? El conflicto de interés surge cuando un servidor público o particular que desempeña una función pública o dirigencial en una empresa es influenciado en la realización de su trabajo y decisiones por consideraciones personales.

El conflicto de interés es una institución de transparencia democrática que se produce en todo acto de negociación entre el estado y un tercero o entre terceros cuando quien realiza o decide dicho acto participa posteriormente en la supervisión, administración y control de los procesos derivados del mismo, por relaciones de negocio, parentesco o afectividad que hagan presumir la falta de independencia o imparcialidad lo que lleva a la posibilidad de beneficiar directa o indirectamente a cualquiera de las partes relacionadas. Resumiendo bastante es cuando el interés personal de una decisión colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que se desempeña. Es decir que el actuar del funcionario influencia negativamente el desempeño de sus deberes y responsabilidades.

Los conflictos de intereses están a la orden del día, todos tienen familiares y amigos, pero se pueden prever y en ese sentido existen multiplicidad de normas, leyes, decretos, y códigos de ética profesionales que señalan negativamente estos eventos.

Para el caso de la salud desde el decreto -ley 15181 (hace 40 años) hasta la ley 18211 de noviembre de 2007 que crea el Sistema Nacional de salud y la Junasa, ha sido motivo, al igual que el TOCAF en el sector público, de evitar estos eventos.

En épocas recientes (Observador/21/6/17) el Ex Ministro Dr. Jorge Basso declaraba «… en todo sistema de salud hay mucho riesgo del conflicto de interés y debemos avanzar en una legislación que determine con claridad que se entiende por conflicto de interés en el sector salud.»  Debe tenerse en cuenta que sólo el 2% aproximadamente del presupuesto del MSP se dedica al control e inspecciones y que está previsto en la LUC un área ministerial de fiscalización eficaz. Para la OMS entre el 20% y el 40% de los dineros de salud se despilfarran y dentro de esos guarismos está la corrupción, precedida por el conflicto de interés que es su antesala.

Quizás lo más claro es la declaración del Código de Ética médica (ley 19286) en su art. 31: «Es éticamente inadmisible que el médico en ejercicio de un mandato electivo o de una función administrativa haga valer su posición en beneficio propio».

Ahora bien, estos aspectos han sido ignorados en el departamento desde siempre, parecería que se valida el «siempre fue así»…y participamos de una situación difícil de cambiar de alianzas económicas que terminan dominando la asamblea de la cooperativa médica logrando la continuidad y direccionalidad desde las anónimas y SRL externas, propiedad de los mismos que dirigen la cooperativa. A partir de abril del 2016 la brecha interna se agravó, con reglamentos, designaciones y líneas de acción donde prevaleció el despotismo, la amenaza, y el poder espurio que terminó con la significancia que se tenía dentro de los servicios del interior. Hoy tenemos conductores accionistas, «si no lo son deben portarse como si fueran»…directores con intereses personales en las empresas, pero además que ya han probado su incapacidad en otros lares del sistema y fundamentalmente con familiares directos en las anónimas. Vean que hasta se tuvo un intendente como dirigente que compraba y vendía a la vez servicios (¡¡), presidentes que pasaron las acciones a familiares directos como si eso los pusiera a salvo de una sanción u observación administrativa en tanto firmaban convenios con sus propias empresas.

Vale por lo que se tiene y no por lo que se acredita saber, tal es el caso del entredicho de la cirugía. En fin, ver el naufragio no sirve de nada si no construimos el arca para apuntar al futuro. Es tarea de todos sin exclusiones. En tanto dineros públicos seguirán capitalizando empresas.

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