Crónicas Parlamentarias

SENADOR OSCAR ANDRADE Queremos plantear algunas preocupaciones. Creemos que el plazo junio-noviembre es un problema a los efectos de la organización del trabajo porque está pensado en un escenario ideal en el que los 15.000 trabajadores arranquen en junio y lleguen a noviembre. Ese escenario es muy difícil de organizar en la vida y es altamente probable que tenga discontinuidades que terminen generando un problema en la organización concreta. Cualquiera que organizó trabajo sabe que esto es así. Después, para que entren en los jornales, habrá gente sin trabajo o que tenga uno inútil para cumplir con la retribución en el mes de noviembre. Esta también es una pésima señal porque el objetivo de estos programas es que quien trabaje se sienta gratificado y si luego la ley establece limitaciones…  Pongamos como ejemplo un trabajo que requiera ocupar la primera quincena de diciembre. Teniendo la plata del jornal, puede ocurrir que haya trabajadores que por distintas circunstancias no puedan seguir. Alguno puede haber conseguido trabajo y abandonarlo; tal vez fue difícil llamar a otro o hubo dificultades para terminar las tareas en noviembre. Además, hay trabajos que requieren etapas y procesos y no se amontonan como en una planilla Excel.

Por otro lado, teniendo la limitación de los seis meses, no parece razonable la otra limitante porque, en definitiva, ya existe una que marca un plazo temporal que no necesariamente tiene que ir unida al otro componente y esto después les genera una enorme dificultad a los que efectivamente tienen que organizar el laburo en territorio. No entendí por qué en la Cámara de Representantes no se logró modificar esto; no sé cuál fue el razonamiento.

Tengo una enorme preocupación por la formación porque una política de este tipo tiene sentido si es eficaz en la formación y en el saber hacer, y el proyecto de ley está débil en lo que refiere a la formación. Entiendo la preocupación política en el sentido de que se va a intentar complementar con formación, pero está débil en ese aspecto. Las experiencias más exitosas de Uruguay Trabaja, más que en la cantidad se veían en la calidad de la formación. Donde había un buen proceso de formación profesional, la inserción laboral era una, pero donde existía un débil proceso de formación profesional el proyecto terminaba siendo cuasi asistencial. Es decir que tenía un componente asistencial, pero no calzaba en la posibilidad de que la compañera que participaba de ese proyecto saliera con condiciones mejores como para  poder  reinsertarse. Vamos a decir acá –porque de lo contrario no estaríamos siendo honestos– que tenemos una mirada crítica de los dos resultados de Inefop del año pasado. No entendimos por qué se recortó el viático que se le da al desocupado que hace un curso de formación y menos comprendimos cómo en un año donde hubo tanta gente en situación de desempleo pasaron decenas de miles menos de trabajadores y trabajadoras por cursos de formación profesional. Me refiero a valorar lo que ocurrió. En 2020 tuvimos esa situación en una de las herramientas que es principal para potenciar una política activa de empleo.

Tengo igual preocupación sobre las cuotas y lo digo con mucha claridad. ¿Cómo se miden las cuotas? ¿Cómo se va a medir la cuota para la persona en situación de discapacidad?

¿Formará parte de las 15.000 personas? ¿Se va a medir en cada localidad? Además, ustedes saben que en la actividad privada es una norma que se cambia justo ahora, ya que en noviembre se cumple su tercer año de aprobación. ¿Cómo se miden los porcentajes? ¿Se va a tomar por cada municipio? Si la referencia entre 25 y 50 se toma por cada municipio, probablemente no ingrese nadie en el cupo de cuotas.

Tampoco quedamos conformes con la explicación que se dio en la Cámara de Representantes en el sentido de no incorporarlo en la ley de manera específica, sabiendo que acá hay una situación muy compleja desde el punto de vista de los niveles de pobreza y de exclusión, así como de las dificultades de empleo. Si se quiere que la política pública llegue a la población más vulnerable –en noviembre se cumple el tercer año de aplicación del cupo total del 4 % para los distintos niveles– pero no hay claridad sobre cómo medir los cupos para los diferentes sectores, el resultado es que después las personas no entran.

También queremos decir que vamos a acompañar el proyecto de ley, pero entendemos que es una piola totalmente insuficiente. En realidad, lo que hay que tratar de generar –son tres o cuatro meses de invierno complicado– es una alternativa económica de este importe, que es mínimo, que atienda a un sector más amplio. Eso lo vamos a seguir discutiendo.

Considero que siempre es mejor tener una política activa de empleo. El empleo y el salario son los que generan la salida de la pobreza. Tanto es así que Uruguay llegó a tener la cuarta parte de los trabajadores ocupados en condiciones de pobreza no hace tanto tiempo.

Por lo tanto, no miramos este proyecto de ley en contradicción con otras políticas que atiendan a la población que está en condiciones de mayor exclusión social.

SECRETARIO DE PRESIDENCIA ALVARO DELGADO Como sucede en todas las cosas, lo perfecto es enemigo de lo posible. Este es el programa que se pudo consensuar, fundamentalmente, con los intendentes; no fue decisión solo del Poder Ejecutivo.  Hubo una discusión ardua, importante y fraterna con todas las bancadas de intendentes, particularmente con la Mesa del Congreso de Intendentes. Aprovecho para agradecerles –sé que están esperando para entrar–, en este caso, no solo la idea –que surgió de ellos– sino la predisposición a buscar los mecanismos para hacer esto posible.

Respecto al tema de la capacitación, hay una capacitación mínima en la tarea de bien público de cada Intendencia, como cualquier operario.

Sobre el tema Inefop seguramente el ministro Mieres podrá referirse a alguna cuestión adicional.

En cuanto a la evaluación de desempeño que preguntaba la señora senadora, es parte de la instrumentación que va a hacer quien administra el proyecto, que es la propia comisión sectorial. Allí se va a trabajar, no solo en la distribución de los cupos sino también en las tareas de evaluación de desempeño y, sobre todo, en las causales de rescisión. Eso no lo vamos a poner en este proyecto de ley; nuestra idea es que si se generó con este nivel de autonomía en los Gobiernos departamentales, incluyendo los municipios, en coordinación con el Poder Ejecutivo, sea ese ámbito el que lo determine.

También hay que prever lo relacionado con la prelación para aquellas suplencias que surjan a raíz de cupos que queden por alguna razón, ya sea porque la gente consiguió trabajo o porque decide abandonar el programa. Este tiene taxativamente una fecha de inicio y una de culminación –no se extiende en este proyecto de ley– y por ello está establecida la exoneración de aportes patronales.  Sí está previsto un régimen de suplencias y está acordado –o por lo menos se ha avanzado en eso en la comisión sectorial– que se mantenga el orden de prelación establecido. Por eso, va a haber un sorteo –no sé si es la palabra correcta– o un cupo adicional que se sorteará, más allá de los acordados por departamento, para que haya un régimen de suplencia   establecido   y   sea   transparente   desde   el   principio, para   quienes   efectiva   o eventualmente les toque.

Respecto a cómo está diseñado el programa y a la posibilidad de establecer algunos cupos para   situaciones   especiales, es   parte   de   la   redacción   acordada   con   los   intendentes departamentales. Así está establecido en el acuerdo y lo respetamos; así como lo fijado en la administración de la comisión sectorial. El principio y el fin están establecidos en la ley, este es un proyecto puntual; no obstante, cada Gobierno departamental, en el marco de este u otros similares, con características parecidas, podrá ampliar cupos, en situaciones análogas. De todas maneras, este programa es financiado por el Fondo Covid-19 y administrado por la comisión sectorial, con estos cupos y este plazo.

Con relación a la accesibilidad, fuimos mucho más flexibles que Uruguay Trabaja, un programa que tiene una serie de requisitos mucho más rígidos. En este caso se accede simplemente por el hecho de no tener trabajo, y no se pierde ninguna de las prestaciones del Mides; por lo tanto, es una situación que no genera incompatibilidad, aunque sí lo será tener un ingreso –público o privado–, jubilación o estar en el seguro de desempleo. Mientras se esté desempleado, aunque se cuente con alguna prestación del Mides, será posible inscribirse.

Dentro de las normas laborales, se habló del seguro de accidentes de trabajo. Quisiera aclarar que sí está incluido para esos casos y, además, estamos en condiciones de anunciar un acuerdo con el Banco de Seguros del Estado que contribuye al programa haciendo posible que el seguro de accidentes de trabajo sea sin costo. Me parece que esta es una buena señal de cómo el Estado interactúa en pos del objetivo de generar una oportunidad laboral transitoria.

En cuanto al artículo 10, es decir, a la cobertura de salud, es verdad lo que decían los senadores Sánchez y Andrade. Esto fue copiado del programa Uruguay Trabaja que también se expresa en esos términos, pero por más que sea redundante, nos pareció importante que quedara plasmado a texto expreso.

MINISTRO PABLO MIERES Con respecto a los cursos de Inefop, estará disponible la grilla de cursos que el instituto tiene para todos los trabajadores que están en situación de ser elegibles para los mismos. Obviamente, no se trata de generar cursos específicos porque esos trabajadores, entre otras cosas, son ciertamente diversos y heterogéneos en sus intereses. Los cursos serán ofrecidos de manera tal que puedan acceder a ellos, como también les corresponde, los trabajadores que están en situación de seguro de paro, desocupados y demás. Ese es el mecanismo, es decir que conozcan y que, por supuesto, haya una vinculación con ellos para que puedan acceder a esos cursos.

Con respecto al tipo de curso, hoy tenemos algunas limitaciones que están vigentes desde el año pasado, por ejemplo, la dificultad de hacer cursos presenciales, como ha sucedido en todas las instancias de capacitación y educación. Por lo tanto, la modalidad y el tipo de curso tienen una relación directa con esas limitaciones.

Confieso que no entiendo mucho la afirmación del señor senador Andrade, pues debo decir que a pesar de las dificultades que vivimos el año pasado, los datos oficiales del Inefop no indican precisamente que el instituto haya bajado el número de trabajadores capacitados en el

2020. Por lo tanto, me parece que allí hay cierto error de información por parte del señor senador. A pesar de que hubo que hacer una conversión urgente –imaginen los señores senadores que, de golpe, cursos que estaban en pleno proceso de realización dejaron de ser posibles porque hubo que irse al «quédate en casa» y a la no presencialidad– los números no disminuyeron. Hubo que reconvertir. Las ECA estuvieron muy exigidas para transformar su oferta de capacitación, convertir cursos que eran presenciales en cursos remotos y, a pesar de eso, durante el año 2020, se inició la capacitación de más de 64.000 trabajadores. De acuerdo a los datos que tengo, en el 2019 fueron 58.000 y, en el 2018, 44.000. Me gustaría saber, entonces, cuál es la fuente que maneja el señor senador Andrade. No se puede afirmar que en el 2020 haya caído el número de trabajadores capacitados porque eso no ocurrió. Y si hubiese ocurrido, habría habido razones más que suficientes, porque una institución de capacitación debió disminuir de golpe los días de trabajo en educación y formación por las razones que todos conocemos. Pero, reitero, eso no ocurrió.

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