De denunciante a denunciado

En la antesala de la interpelación por denuncias de corte moral al Cr. Isaac Alfie, el Frente Amplio pasó de denunciante a denunciado. El caso implica aq la empresa “La Opera” propiedad d ela esposa del Cr. Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía. La prueba son resoluciones deliberadamente “ocultas” que prueban inequívocamente el otorgamiento de beneficios tributarios en el marco de la ley de Promoción de Inversiones a familiares de gobernantes frenteamplistas.

“La Opera”, empresa de propiedad de la esposa del exsubsecretario de Economía Pablo Ferreri accedió a beneficios tributarios en el marco de la ley de Promoción de Inversiones varias veces durante los gobiernos del Frente Amplio, según informó radio Sarandí.

Este privilegio fiscal es del mismo tipo y porte que la exoneración impositiva que había sido autorizada por el actual gobierno para el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, que sirve de fundamento al Frente Amplio para interpelar a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

Entrevistado este domingo por el programa Santo y Seña, el director de OPP dijo que tras un relevamiento realizado por él mismo se encontró con “algunos casos” con situaciones “muy parecidas” a la suya durante gobiernos del Frente Amplio.

“No se trata exactamente de lo mismo, pero pega en el palo. Familiares directos, muy cercanos, pegan todos en el palo», señaló el jerarca a la luz de las críticas frenteampalistas. Alfie no dió nombres porque, según dijo, prefiere “preservar el estado de derecho” al tratarse de un procedimiento que es legal.

Ferreri, no obstante, no se hizo esperar a sabiendas de que le cabían la generales de la ley, y utilizó Twitter para decir que son «situaciones muy diferentes más allá de la opinión que merezca cada una». «Yo no pedí ningún beneficio ni tenía ninguna empresa. Yo no consulto a la familia de mi esposa sobre mi actividad política ni ellos a mí sobre su actividad empresarial», escribió.

El exsubsecretario de Economía que actualmente fue contratado como coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo, enfatizó en que Alfie puede «arbitrar entre su actividad política y su actividad empresarial» porque son «decisiones que dependen» del jerarca. Sin embargo, en su caso no es así y por lo tanto es «incomparable».

«No voy a decir nombres porque hay un tema. Como es todo legal, no voy a entrar en el juego. Si quiero preservar la verdad y quiero preservar el estado de derecho, no (debo) entrar en esta historia de ‘ah, aquel también se benefició’. No es que se benefició, tuvo un derecho legal», aseguró Alfie entrevistado en Canal 4. En total, se encontró con cerca de 340 empresas similares a la suya que accedieron a este beneficio, según dijo.

Alfie siempre sostuvo que la resolución firmada por Arbeleche no tenía ningún reparo legal ni tampoco ético pero decidió renunciar a los beneficios, en acuerdo con el presidente Luis Lacalle, por un “decisión política”, según dijo en ese entonces. El pedido para ampararse en esa normativa había sido presentado durante el gobierno de Tabaré Vázquez pero la resolución llegó en este período.

Cuando el Frente Amplio decidió presentar el pedido de interpelación, que se concretará este miércoles, el coordinador de la bancada de Diputados Carlos Varela sostuvo que en el partido entendían que “como mínimo” había una “grave falta ética”.

Pero lo que advertía el Frente Amplio era que esta información trascendiera y que la coalición opositora, en cuestión de horas, pasara de acusadora a acusada, porque “La Opera S.A.”, que pertenece a la familia de la pareja de Ferreri, presentó en 2010 un proyecto para refaccionar locales, comprar mobiliario, equipos informáticos y otros “relacionados de forma de mejorar la imagen de los locales y renovar los equipos para una mejor gestión de ventas”, dice la resolución publicada en el Diario Oficial. La inversión total fue por cerca de $ 7 millones y la exoneración por el 51% de la “inversión elegible”. En ese entonces, Ferreri era director general de la Dirección General Impositiva (DGI). La empresa volvió a acceder a este tipo de beneficios por la ley de Inversiones en 2018, ya con Ferreri como subsecretario de la cartera de Economía.

La resolución de 2010 está firmada por el presidente José Mujica y por el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, mientras que las de 2018 solo por Danilo Astori, ministro del ramo en ese momento.

La pareja de Ferreri estuvo en la gestión diaria de la empresa hasta 2015 aunque la firma sigue siendo propiedad de su familia, según informó Sarandí y confirmó El Observador con fuentes allegadas al exjerarca. Incluso, una resolución de octubre de 2020 amplía el plazo en el que fueron aplicados los beneficios para esa misma empresa y lleva la firma de la actual ministra Azucena Arbeleche.

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