El abuso del poder

Ricardo J. Lombardo

El ejercicio del poder inherente a los gobiernos o a los estados, siempre corre el riesgo de incurrir en abusos. Muchas veces es muy fina la línea que separa el desempeño legítimo de las autoridades o los funcionarios, de los excesos propios del poder político. Para eso, el sistema republicano democrático utiliza diferentes frenos y contrapesos establecidos por la constitución y la ley, que marcan claramente los límites que impone el pacto acordado por los ciudadanos. Pero cuando los que ejercen el poder son populistas, que se creen dueños de la verdad y en una visión mesiánica se consideran los únicos capaces de defender los intereses del pueblo, los abusos están a la orden del día.

 

Y el amiguismo, la construcción de élites privilegiadas, la difusa división entre lo propio y lo colectivo que lleva a una corrupción institucionalizada, se convierten en moneda corriente aceptada por todos como lo normal.

Pocas cosas definen mejor al populismo como la frase atribuida a Gétulio Vargas, el expresidente brasileño: “para mis amigos todo; para los enemigos, la ley”.

O peor aún, la versión de Perón que dijo: “al amigo todo; al enemigo, ni justicia” inaugurando una ética política que aún perdura en nuestros vecinos del Plata.

Ahora, Alberto Fernández, su presidente, volvió a caer en la lógica de justificar el abuso del poder, al referirse a la existencia de un vacunatorio vip en su país, en el que se privilegiaron a determinadas personas amigas del poder para proporcionarles las vacunas contra el Covid19 antes que a nadie.

Esto, en un país que lleva más de 50.000 muertos debido a esa enfermedad, parece un cachetazo a lo colectivo, una verdadera inmoralidad, de una insensibilidad humana pavorosa y, también, de un estilo de gobierno asquerosamente inescrupuloso.

En una visita a México, Fernández señaló: “No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga que será castigado el que vacuna al que se adelantó en la fila. No se pueden construir delitos graciosamente”

Con eso trató de aplacar el escándalo que se generó en su país y que derivó en que el mismo Fernández destituyera a su Ministro de Salud.

Aunque después, en una postura diferente, reclamó terminar con esa “payasada”, y considerar esos abusos como una acción normal.

Pero Argentina no es el único país donde han ocurrido estas cosas. En Perú sucedieron hechos similares. En Brasil, se divulgaron imágenes de personas que se han ido creyendo haber sido vacunadas, pero en realidad solo habían recibido el pinchazo con agua o, sin que los enfermeros apretaran el botón de la jeringa que permite que el líquido se desplace hacia el cuerpo del supuestamente inoculado.

Estos son claramente abusos de poder dignos de la mayor de las condenas, pero que sin embargo parecen estar internalizados en la corrupción generalizada de buena parte de los gobiernos latinoamericanos.

Por suerte Uruguay siempre figuró en los primeros lugares de los países con menos corrupción en la región.

Y es de esperar que nada de esto ocurra en nuestra sociedad cuando el proceso vacunatorio se inicie.

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