El caso Andrade

Fátima Barrutta

Lo que se ha dado en llamar el «caso Andrade» es una prueba inmejorable del deterioro del debate político en el país.

Un programa periodístico de investigación, en estricto cumplimiento de su misión informativa, denuncia irregularidades en que incurre un senador de la República. Esto no es una operación mediática ni una maldad con intencionalidad política. Es lo que es: una investigación periodística que hoy pone la lupa sobre un legislador opositor, como podría hacerlo mañana sobre cualquier otro ciudadano, de cualquier partido.

A partir de esa denuncia, se activan distintas reacciones, a cuál más desafortunada. Por un lado, el denunciado se muestra incapaz de reconocer su error y comprometerse a corregirlo, que debió ser su respuesta inmediata y obvia. Toda la tormenta se hubiera aplacado si el senador Andrade se hubiera limitado a declarar que se equivocó y que en el menor plazo posible se haría cargo de sus adeudos atrasados. En lugar de esto, eligió victimizarse, como obrero que carecía de recursos. Este argumento no corresponde, porque Andrade cobró un salario de diputado durante un período de la pasada administración, y desde marzo de 2020 cobra uno de senador, retribuciones que, como se sabe, son muy generosas y provienen de las arcas públicas, o sea del contribuyente.

La otra justificación que presentó fue la de que él dona la mayor parte de su salario. Esto es muy loable en lo que hace a valorar su desprendimiento personal, pero en modo alguno excusa incumplir con sus obligaciones tributarias. Resulta hasta gracioso que el Frente Amplio en los últimos años haya criticado duramente a centros educativos públicos de gestión privada, como Los Pinos, Jubilar e Impulso, que reciben donaciones de empresas amparadas en una ley de renuncia fiscal, y que por el otro disculpe a un dirigente que hace lo mismo sin ampararse en ley alguna, solo por su propia voluntad. Alguien ha escrito por allí que el peculiar comportamiento tributario de Andrade emparenta su pensamiento con el del Milton Friedman, adalid del neoliberalismo, quien se opone al pago de impuestos y reivindica que cada contribuyente elija a quien quiere donar parte de sus ingresos o utilidades.

Los argumentos brindados por Andrade cayeron así por su propio peso. Pero esto podría ser disculpable, porque pasados los días terminó admitiendo que se pondría al día con sus adeudos.

Lo realmente grave fue la reacción cerrada de prácticamente todos los dirigentes del FA en defensa de su correligionario. De golpe aparecieron en la coalición opositora decenas de defensores de la peregrina tesis de no pagar impuestos. Hasta se dio el caso insólito de que hubo quienes se quejaron de las inspecciones del BPS a construcciones irregulares, cuando fueron ellos mismos los que las incentivaron y multiplicaron durante sus tres períodos de gobierno.

Y ni que hablar del «ladran Sancho» de la intendente Carolina Cosse, que ha motivado a muchos tuiteros a declarar irónicamente que dejarán de pagar sus tributos domiciliarios y contribuciones inmobiliarias.

O el indefendible twitter del Dr. en economía y senador de la república Mario Bergara que posteo «»Yo banco al boca», compañero de ruta».

Por eso hablamos del grave descaecimiento del debate político a que este hecho dio lugar. Porque puso de manifiesto que con tal de defender a los suyos, los frenteamplistas no dudan en caer en incongruencias inexcusables, e incluso justificar ilicitudes.

Es una reacción similar a la que tuvieron en defensa de Raúl Sendic, cuando la prensa empezó a dar a conocer sus variadas irregularidades, como la falsedad de su título profesional o sus compras personales con tarjeta corporativa de Ancap.

En esa oportunidad también hablaron de una «conspiración mediática» como lo hicieron ahora, en que llegué a leer a otro senador del FA, Daniel Olesker, llamar a la ciudadanía a no ver un programa de televisión, lo que en buen criollo no es otra cosa que una iniciativa para restringir la libertad de expresión e información.

Deudores del BPS y de contribución inmobiliaria hay muchos en todo el país, qué duda cabe. Que un legislador no debería incurrir en esa falta, es verdad; por eso insistimos en que alcanzaba para Andrade con reconocer su error, pagar sus deudas y pasar el trago amargo lo más rápido posible. Pero no.

Él y sus correligionarios eligieron el camino de la confrontación y la estigmatización del denunciante. A no engañarse: esa decisión es el fiel reflejo de un pensamiento totalitario, que se autoatribuye el bien y la moral y asigna al adversario siempre oscuras intenciones.

Por eso estamos muy de acuerdo con el camino que han adoptado los legisladores del Partido Colorado, al elevar la denuncia a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), en la medida en que el senador Andrade omitió declarar estas deudas al asumir su cargo.

Exigir moralidad a los gobernantes es el primer paso en el camino del fortalecimiento de la democracia.

Ojalá la oposición lo entienda y retorne al terreno del intercambio de ideas, en lugar del barro de las complicidades corporativistas.

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