El Gobierno debe cuidarse del enojo de la gente

César García Acosta

Toda medida de gobierno inevitablemente tiene varias miradas. Los impuestos como fuente de recursos para el Estado ponen a los contribuyentes bajo riesgo al llevarlos al límite de su capacidad de repago de las obligaciones financieras asumidas en otro contexto. Poco importa si se trata de empleados públicos o privados: el seguro de desempleo en el sector privado es la contracara de la certeza laboral, como en el sector público lo es el impuesto a la retribuciones editado por el Gobierno. Mientras los blancos tratan de ordenar «la casa» corren el riesgo de que el Frente Amplio convenza con un relato de bonanza basado en expectativas insatisfechas de la clase media trabajadora: la ilusión y la esperanza no pueden olvidarse. Su contracara es la agonía del incumplimiento. Quizá por eso varias financieras ya están reperfilando el cobro de sus créditos postergando cuotas y prestando dinero para cobrar créditos asumidos antes de la pandemia.

Para los blancos el Gobierno es más de su Partido que de la coalición Multicolor. Y aunque todo parece ser una cuestión de identidad, lo cierto es que blancos y colorados aún no logran amalgamarse, y Cabildo Abierto -como estructura política- se complica en debates entre la verticalidad y la insubordinación.

Si bien es cierto que la dirigencia del Partido Nacional asume su rol preponderante en el Gobierno, sabe que poner la “casa en orden” conlleva el riesgo de la incomprensión. Ya hay signos de cansancio por parte de una clase media afectada por la pandemia, lo que se agrava con las rebajas de salario en el ámbito público, y los seguros por desempleo en el privado que limitan ver una luz al final del camino.

El debate por la expropiación parcial de los salarios de los empleados públicos, y el mantenimiento en seguro de paro del personal en los privados, no debe asumirse como una consecuencia inevitable. El peso del tributo al trabajo resuelto por el Gobierno, si bien es visto con sentido de revancha por quienes no tienen empleos públicos o por aquellos que acusan al Estado de sobrepeso, en las últimas horas generó debates entre algunos economistas sobre la conveniencia de la medida y las posibilidades de agregar al impuesto a los trabajadores de la actividad privada. Esto fue el aporte de varios dirigentes del Frente Amplio y de algunos del Partido Colorado. Esta visión de las cosas hace inevitable su análisis ideológico, ejemplarizante y hasta de culpa antisistema. En los hechos los heridos son quienes trabajan para el Estado o son dependientes en actividades privadas vinculadas al turismo, la recreación, los restaurantes o bares. El funcionario público ha devenido en un botín.

Mientras esto sucede el alto valor del dólar hace atractivas las deudas soberanas de los mercados emergentes (como en el caso del Uruguay). Y se repite que las monedas pierdan fuerza ante el dólar. Recientemente en una conferencia virtual organizada por CFA Society Uruguay y Colchester Global Investors, esto se manejó como un hecho. La deuda soberana de mercados emergentes en moneda local, se ha vuelto atractiva, porque es una asignación estratégica de los activos en términos de preservación de capital, rentabilidad y liquidez, explicaron los disertantes de Colchester, Cian O’Brian y Mark Capstick. En este contexto, y no es un dato menor. Uruguay analiza la emisión de un bono global en pesos, ante el apetito de los inversores.

En estos días el tributarista Gustavo Viñales aseguró que antes de que se conociera el anuncio, que “el impuesto a los sueldos sigue vivo” y lo consideró “de pésimo diseño”. Sostuvo en su cuenta de Twitter que “no se utiliza en ninguna parte del mundo” y que “sería bueno que antes de volver a proponerlo [las autoridades] se pregunten” por qué ocurre eso.

La directora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, Gabriela Mordecki, dijo a LA DIARIA que “poner una franja más al IRPF o aumentar las tasas a los tramos más altos”, va en línea con la postura de incluir a los sueldos privados y de mantener las características de un tributo ya vigente que grava los ingresos de las personas. Viñales, por su parte, consideró “viable un complemento transitorio en el IRPF mediante el cambio de tasas, franjas mínimas no imponibles o un mix de estos elementos”.

Formalmente el IRPF grava las rentas derivadas del trabajo y el capital, y para las primeras tiene un sistema progresional de franjas, que grava a partir de 34.090 pesos con tasas que varían entre 10% y 36%.

Para el Ministerio de Economía y Finanzas “lo recaudado” en un mes del tributo es similar “a lo que se van a aumentar las asignaciones familiares del Plan de Equidad”. El gobierno volverá a aplicar la medida de un año atrás: duplicará los montos de las asignaciones familiares y las canastas de alimentación para llegar a una población objetivo de 500.000 personas. La primera prestación que paga el BPS son $ 1.922 que pasarán a $ 3.844 pesos, mientras que la segunda otorgada por el Mides pasará de “1.200 a $ 2.400.

En el informe sobre el déficit fiscal 2020, el MEF da cuenta que el gasto neto del Fondo Covid-19 alcanzó los 597 millones de dólares: tiene ingresos netos por 103 millones de dólares y gastos por 700 millones de dólares. Además del impuesto a los sueldos públicos y jubilaciones más altas, el Fondo Covid se nutre de donaciones privadas y las utilidades del Banco República.

Anunciada esta medida del Gobierno varias cadenas de crédito y financieras locales empezaron a reperfilar el repago de los créditos otorgados volviendo a habilitar que las cuotas de los próximos 2 meses se posterguen al final del endeudamiento con el fin de no volcar a la morosidad ya existente a gente ubicada en un estrato con trabajo activo a quien se le retacea significativamente su fuente de ingreso de manera imperativa.

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