Embestida rural

Contra las Intendencias

La Comisión Especial de Asuntos Municipales se entrevistó con la Federación Rural del Uruguay. Comparecieron por los ruralistas su presidente, el ingeniero agrónomo Martín Uría Shaw; su vicepresidente, Ignacio Cabrera, y por su contador Walter Texeira Núñez, quienes dieron sus consideraciones sobre el proyecto de ley «Impuesto a la Enajenación de Semovientes».

SEÑOR URÍA SHAW (Martín).- Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y pedirles disculpas por la demora. Venimos de una reunión con la ministra de Economía y Finanzas, la economista Azucena Arbeleche. Quienes venimos de afuera no estamos muy acostumbrados al tránsito capitalino y a veces se nos complican los cálculos para llegar en hora.

En cuanto al tema que están tratando y que, evidentemente, nos involucra, a título general, les podría decir que lo que pretendemos desde la Federación Rural, como representantes de los productores, es que se desburocratice de la mejor manera posible.

Entendemos que hoy ese impuesto del 1 % que se puso en algún momento es injusto. La Federación Rural del Uruguay siempre ha tenido dentro de sus solicitudes la derogación de este impuesto.

Entendemos algunas necesidades que puedan llegar a tener las Intendencias para mantenerlo como tal, pero nosotros siempre tuvimos dentro de las demandas en representación de los productores la solicitud de exoneración definitiva de este impuesto.

Como decíamos, lo que pretendemos es que, de alguna manera, se considere desburocratizarlo y hacerlo más justo. Desde nuestro punto de vista, es un impuesto totalmente injusto.

Si me permiten, voy a ceder la palabra al contador Texeira, que ha hecho un análisis más profundo del tema y les puede dar una explicación más técnica de por qué nosotros tenemos ese punto de vista.

SEÑOR TEXEIRA NÚÑEZ (Walter).- Como decía el presidente de la Federación, ha sido histórica la posición de las gremiales con respecto a este tema, que viene de los años sesenta, cuando la situación del país y sus producciones eran muy distintas; es una de esas cosas a las que nos acostumbramos. Prácticamente, este impuesto ya estaba cuando nacimos quienes estamos hoy en la producción, y nos hemos acostumbrado a él como algo normal, pero cuando lo vemos en el contexto nacional, advertimos que es la única producción que lo tiene. Es un impuesto en cascada que los productores no pueden transferir y grava al mismo animal las veces que se comercializa a través de su vida. Esa es la posición que tenemos.

Además, la recaudación de este impuesto tiene un grave efecto: es el único caso en el que se impide a una empresa vender su producción -o, incluso, trasladar animales dentro de la misma empresa si tiene más de un Dicose- si no está al día con el impuesto.

Ni siquiera la DGI tiene ese tipo de trámites con sus contribuyentes, a los cuales igual les permite emitir documentación y efectuar ventas si no están al día. 

Esto también ha dado lugar aalgunos abusos, como ya ocurrió. Por ejemplo, debo mencionar, en el período de gobierno anterior, lo ocurrido con la Intendencia de Rocha: no solo se exigía estar al día con el 1 %, sino también con la contribución urbana, rural, patentes, etcétera, para vender guías. Se traba el funcionamiento de las empresas por no estar al día con un impuesto, en el siglo XXI, cuando habría, tal vez, otras formas de controlarlo. Dentro del marco económico nacional, eso nos parece una cosa totalmente distorsiva que habría que ir eliminando.

El sistema de devolución parcial con el cual se quiso solucionar el problema de este impuesto, sin llegar a su derogación definitiva, tiene algunos problemas. No incluye a todos los contribuyentes del 1 %. Aquellos productores que no declaran campos no están incluidos en su devolución.

Según información que tenemos, aproximadamente un 10 % de los más de 51.000 productores que declaran tenencia de campos y, por lo tanto, aportan al BPS por este tema, es decir, cinco mil y pico de productores, están utilizando este crédito, lo que habla también de su injusticia. Y hay 26.000 tenedores de ganado sin campo para los cuales la ley no tiene prevista su devolución.

Quisiéramos hacer algunas aclaraciones sobre cosas que hemos leído, tanto en los Quisiéramos hacer algunas aclaraciones sobre cosas que hemos leído, tanto en los considerandos del proyecto, como en el material de sesiones de antes, de la Comisión de Hacienda, y de esta Comisión, que nos han hecho llegar.

Lo primero es que la renuncia fiscal actual no es de las Intendencias, que han seguido cobrando el impuesto y disponiendo de esos fondos, sino que es de Rentas Generales, que devuelve parcialmente lo recaudado, a través del BPS.

Las Intendencias deben informar mensualmente a la DGI del 1 % declarado, pero solo informan del 1 % declarado que tiene RUT, el cual va a devolución, no del 100 % de lo recaudado. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo no dispone de información de cuánto se recauda por este impuesto. Ha hecho algunas estimaciones en base al mercado de haciendas. Los productores que se benefician son quienes pagan BPS rural, o sea, que declaran tierra al BPS;se considera que ellos son quienes tienen explotación agropecuaria, según las definiciones fiscales. No importa para nada su tamaño ni si son contribuyentes de Imeba, de IRAE o de lo que sea en DGI; es independiente de eso. El valor ficto de semovientes sobre el cual se cobra el 1 % en los casos de ventas de productores, no ventas finales, lo fija cada Intendencia, según su criterio. No hay una

fijación por parte de la DGI, bimensual ni nada, como hemos leído en algún acta.Y esto nos llama la atención porque, de alguna forma, el Poder Ejecutivo está haciendo una renuncia fiscal y está permitiendo que los montos y cuantías de esa renuncia fiscal los estén fijando las intendencias; no hay una fijación única de los valores. Estimó que la recaudación debería andar en US$ 40.000.000, información que se manejó entre los años 2017 y 2019. No existe información real sobre esto, pero se podría determinar a través del Congreso de Intendentes, pues las rendiciones de cuentas de las diferentes intendencias informan cuánto han recaudado en el ejercicio por este impuesto, pero es un dato que no tenemos.

El proyecto de ley que hemos leído quiere transferir controles a terceros que las intendencias,con los elementos que hoy tienen, ya pueden hacer, y pueden mejorar mucho en este tema sin cargar el peso sobre terceros y sobre los productores.

Otro tema que hemos visto en las actas de la exportación de semovientes y que no entendemos es que se quiera cobrar dos veces el 1 %. Cuando el productor vende al exportador, este debe hacer una cuarentena para después sacar los animales, que es simplemente una etapa necesaria en la exportación, pero la venta es una sola.

También se ha hablado de los frigoríficos como agentes de retención, lo que será muy difícil de controlar para los productores; ya tenemos problemas con el Imeba que retienen los frigoríficos y a veces no aparece vertido en la DGI, por lo que hay que hacer una declaración jurada aparte para poder recuperar eso, y si, además, debe tener un 1 %, tendremos que vigilar que ese 1 % que nos retienen llegue a las intendencias; si no, no sé qué otro trámite deberíamoshacer para que se nos reconozca. Otra cosa muy distinta es que los frigoríficos deban informar las operaciones que tienen para que las intendencias puedan acceder mejor a esa información, cosa que con los medios electrónicos actuales no parece que sea algo tan complicado de implementar. 

las cuales estamos de acuerdo, como el tipo de cambio y la fecha de la información que se declara a la DGI por parte de las intendencias.

Entendemos que el proyecto busca mejorar la eficiencia recaudatoria de las intendencias. Lo que debemos buscar mientras se mantenga este impuesto es facilitar el cumplimiento por parte de los productores, no generar más trámites y facilitar la información que reciben sobre el impuesto que están informando a la DGI a los efectos de controlar; de cincuenta mil productores, cinco mil están haciendo uso de este crédito.

El artículo 76 de la Ley N° 19.355 refiere a simplificar los trámites con acceso informático. Me parece que hay elementos como para que se pueda acceder a la declaración jurada, a los datos de las transacciones a través de las guías; tal vez, haya que pulir alguna cosa con el SNIG.

Además, lo que deben controlar las intendencias es que la declaración jurada esté efectuada para confirmar que quien tiene ese Dicose continúa siendo productor, pero nos aflige que a veces, a través de funcionarios municipales, se pueda acceder a mayor información sobre las empresas, como la cantidad de ganado y demás,que no debería tener ese grado de difusión.  Si bien aspiramos a la derogación del impuesto, entendemos que mientras no se haga tendríamos que contribuir a facilitar su cumplimiento, su transparencia, a que las intendencias brinden a los productores la información de lo que se les está descontando, a los efectos de que estos puedan controlar mejor su devolución. Debemos decir que desearíamos que muchas de las oficinas de venta de guías de las intendencias tuvieran un mejor funcionamiento y un mejor trato a los productores que son contribuyentes, ya que, muchas veces, selimita la cantidad de guías a ser vendidas, dificultando a la gente que está lejos, yaque debe venir más de una vez a comprarlas.

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