Empresas trasnacionales y DDHH

La Comisión de Derechos Humanos el 8 de diciembre del año pasado, analizó un tratado vinculante para empresas trasnacionales en materia de derechos humanos En el marco de una propuesta colectiva, que se vincula con lo que se viene haciendo en Naciones Unidas, en la que se problematiza lo que implica la falta  de  regulación  de  las  empresas  transnacionales  y  la  incidencia  que  tienen  los Estados  ante  la  sociedad  y  los  ciudadanos   del   mundo, concluyó en que en Uruguay no hay una regulación determinada en la acción, en la forma de proceder de estas empresas que son enormes y que en muchos casos tienen ingresos más importantes que los PBI de muchos países como, por ejemplo, Uruguay. Por tanto,  se plantea de qué manera se puede generar algún tipo de regulación en esta materia vinculada con la construcción de la agenda de derechos  humanos,  sobre  todo con esa impronta  que le ha dado la Organización  de Naciones Unidas.

Lo que viene desarrollándose es la calidad de la democracia  que tenemos  a nivel mundial. Esto tiene que ver con la  capacidad  de decisión que tienen los Estados, en primer lugar, y los ciudadanos  en general, en la medida en que hay cosas a las que, por ahí, no pueden llegar en temas que los afectan realmente. Capaz que el ejemplo de Ecuador es un tema bien gráfico de cómo los afecta la  participación  o  la  inclusión  en  estos  Estados,  en  nuestra  realidad  de  grandes corporaciones a las que no podemos llegar a regular si hubiera alguna situación que lo amerite,  que  puede  ser  un  impacto  ambiental  o  distintas  situaciones  que  nosotros entendemos  que pasan por la calidad de la  democracia  y cómo podemos,  de alguna manera, resolverlas entre nosotros, en este caso, los uruguayos y las uruguayas. Esto tiene su repique a nivel del mundo. Nosotros entendemos que la defensa de la legislación  nacional  y  de  la  vigencia  del  Estado  nacional,  hace  a  la  cuestión  de  la democracia,  porque no hay legislación o no hay ámbito vigente  que  pueda realmente regular esto de se que estaba hablando,  porque las  Naciones Unidas también tienen muchas dificultades  en esto. Muchas veces, los  Estados no se ponen de acuerdo en cómo  afrontar  distintas  situaciones  y esto  ha  quedado  a la deriva,  con  una  enorme concentración   de   poder   desde   el   punto   de   vista   económico   que   las   grandes corporaciones  van  teniendo.  La  concentración  de  enormes  corporaciones  que  tienen miles de millones de dólares  es muy importante.  Para el Parlamento, con nuestro PBI, con nuestros recursos, no podemos hacerles frente. Eso como un marco de trabajo que tiene que ver, además, con la forma en  que nosotros organizamos la civilización actual, cuáles son y cómo ordenamos los factores de poder que existen en cada sociedad y a nivel mundial. El tema es cómo abordamos esas situaciones, más allá de la mirada que podamos tener unos y otros políticamente y desde qué lugar nos paramos. Nosotros entendemos que es una situación que nos es común, en la que todos muchas veces somos víctimas.

SEÑORA REPRESENTANTE GALÁN (Lilián).-  Les traje más que mi presencia, un regalito. Se trata de un libro impreso acá en el Parlamento, en la legislatura pasada, por la Escuela de Gobierno. Se hizo un encuentro con actores internacionales y organizaciones nacionales de la sociedad civil para trabajar sobre este tratado vinculante.

Voy a hacer un poco de historia. En el seno de las Naciones Unidas, en Ginebra, se ve la necesidad de crear un tratado jurídicamente vinculante, que obligue a las empresas transnacionales  a cumplir los derechos humanos. ¿Por qué esto? Los  países que han firmado los tratados internacionales de derechos humanos, obviamente, están obligados por ellos a cumplir con los derechos humanos. Pero ¿qué pasa por parte de las empresas transnacionales?  Digo  empresas  transnacionales  porque  las  empresas  nacionales  se rigen  por  la  legislación  nacional.  Por  lo  tanto,  en  nuestro  país,  que  tenemos  una legislación nacional tan avanzada, las empresas nacionales, cualquiera de ellas, se rige por la  legislación  nacional.  Pero, ¿qué pasa cuando se instala en cualquier  país una empresa transnacional? Existen principios rectores a nivel de las Naciones Unidas, pero que no tienen jurídicamente ningún vínculo. Entonces, es como los diez mandamientos: no matarás, no robarás… Pero ¿qué pasa si lo hacen? No pasa nada. No pasa nada y se va a tribunales internacionales a ver qué se decide.

Les cuento esto porque un ejemplo es el caso Chevron. Hace veinticinco años, en Ecuador hubo un accidente de derrame de petróleo que afectó a muchas comunidades, las dejó sin trabajo, y las dejó desplazadas. El gobierno de Ecuador va a los tribunales internacionales a pedirle a la empresa que indemnice a esas comunidades. Cuando a la empresa después de varios años de litigar a nivel internacional le dicen que tiene que indemnizar, ¿qué pasa con Chevron Ecuador? Tenía $ 425 en su cuenta. Claro, el velo corporativo  hace que se haya ido contra  Chevron  Ecuador,  pero no contra la matriz. Entonces, Ecuador hace veinticinco años que está litigando como gobierno, como Estado, contra Chevron para que indemnice el daño que generó a la Amazonia, a sus ríos, y a las comunidades afectadas en Ecuador. Si existiera un tratado jurídicamente vinculante, eso no  hubiera  pasado,  porque  hubiera  estado  obligado  de  entrada  a  cumplir  con  los derechos humanos y a no violarlos.

Hay un caso de una empresa transnacional que se instaló en Nepal -pongo  este ejemplo porque es bastante gráfico-, donde literalmente se cae la fábrica y mueren una cantidad de niños y mujeres que estaban trabajando en negro. Entonces, ¿quién se hace responsable del cumplimiento de los derechos humanos para que eso no pase? No es que tengan que indemnizarlos después, es para que no pase y, sobre todo, en países como el nuestro, que es muy chiquito. El presidente recién decía que el PBI de cualquier empresa transnacional es el doble, el triple que el producto bruto interno de Uruguay.

Siempre estamos necesitados de inversiones; entonces, tenemos que ver de  qué manera  los  países  pueden  atraer  inversiones  sin  violar  los  derechos  humanos.  Nos peleamos -en el buen sentido- por atraer inversiones porque las necesitamos. Entonces, no va a haber competencia por la atracción de inversiones porque todos estamos bajo un tratado jurídicamente vinculante desde el punto de vista internacional. Por tanto, cuando vengan inversiones a Uruguay, Argentina, Chile -nos peleamos con los vecinos muchas veces  por  atraer  inversiones-,  vamos  a estar  todos  en  las mismas  condiciones  para recibirlas. O sea, las empresas  transnacionales  van a estar jurídicamente vinculadas a cumplir con los derechos humanos. De esta manera, no va a pasar lo que pasó en Nepal. Creo que la empresa  transnacional  que se instaló en Nepal era de ropa y de calzado deportivo. Allí se necesita trabajo e inversiones, pero esto fue a costa de la vida de niños y mujeres que murieron por ese accidente que sucedió en la fábrica. Queremos que esas cosas no pasen.

Efectivamente, tenemos la resolución 26/9 de 2014 de las Naciones Unidas. A partir de un llamado de Ecuador y de Sudáfrica, que fueron los que tomaron la iniciativa, todos los países se suman -porque indudablemente en Naciones Unidas todos los países están sentados allí- a este grupo de trabajo para llegar a un tratado vinculante.

Todos los octubres a partir de esa fecha, se juntan en Naciones Unidas todos los países -evidentemente, Uruguay está participando- y han venido trabajando primero con insumos, después, con un borrador cero, y ahora ya estamos en el borrador tercero. Lo tendría que haber impreso  para traérselos  pero lo olvidé; lo  voy a hacer llegar a los despachos o a la secretaría. Es interesante ver cómo se ha avanzado en la redacción de ese  borrador.  Evidentemente,  para  que  salga,  todos  los  países  tienen  que  estar  de acuerdo  y  deben  firmar  este  tratado,  así  como  se  firman  los  tratados  de  derechos humanos, precisamente, en el seno de las Naciones Unidas.

Uruguay siempre ha tenido una posición muy a favor de este tratado  vinculante. Ahora la Cancillería uruguaya está trabajando junto a la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, junto al resto de los ministerios que  tienen que ver con este tema -Ministerio  de Ganadería,  Agricultura  y Pesca,  Ministerio de Industria, Energía y Minería;  obviamente,  Ministerio  de Economía  y  Finanzas,  y creo que el Ministerio  de Ambiente- en un grupo de trabajo al que esta Comisión está invitada a sumarse. Ya llegó la invitación hace dos jueves. Este próximo jueves, a la hora 17 y 30, en la institución de Derechos Humanos, se vuelve  a reunir este grupo de trabajo que ya fijó una agenda. Obviamente,  nuestra  Cancillería  y estos  ministerios  están sentados  en ese grupo  de trabajo  que  lidera  la  institución  de  Derechos  Humanos,  porque  este  es  un  tema  de derechos  humanos. Más allá de lo económico, es un tema que tiene que ver con los derechos humanos de nuestras poblaciones y de la población a nivel mundial. Por eso, allí están sentadas las instituciones gubernamentales.

Me  olvidé  también   de  nombrar   a  la  Secretaría   de  Derechos   Humanos   de Presidencia,   pero,   obviamente,   es   fundamental   la   Cancillería.   Como   decía,   las instituciones de nuestro gobierno tienen que estar sentadas allí y es muy importante que esté el Parlamento.

Yo estoy participando, pero lo hago por la Red Mundial de Parlamentarios en apoyo al Tratado Vinculante, a la cual están invitados a sumarse. Es una red a nivel mundial de parlamentarios  que están a favor del tratado vinculante y que han participado con  sus gobiernos en las Naciones Unidas.

Ahí, en la institución de Derechos Humanos está sentado el gobierno, pero también las organizaciones  sociales  que vienen trabajando  a favor del tratado  vinculante.  Por ejemplo, Amnesty y Redes -Amigos de la Tierra.

A nivel mundial, por ejemplo, hay organizaciones de derechos humanos que tienen una  mirada  de  género  con  respecto  a este  tema:  en  la  invitación  que  llegó  a  esta Comisión están especificadas  todas -son como veinte-, sumadas a  las  organizaciones gubernamentales.

Quería venir a exponer este tema, porque me parece muy importante que la Cámara de  Diputados  y  una  Comisión  tan  importante  como  la  de  Derechos  Humanos  esté sentada en este grupo de trabajo, participe y, como dice la doctora Sande -quien es la directora  de  Derechos  Humanos  de  Cancillería-,  es  preciso  que  Uruguay  tenga  una posición  país  sobre  este  tema.  Esa  posición  país  se  construye  entre  todos,  con  la interacción de los ministerios, conversando con las organizaciones sociales.

Uruguay ha participado muy activamente durante todos estos años. Este año,  en octubre, nuestro país estuvo allí e hizo aportes a este tratado vinculante y la verdad es que siempre se ha venido trabajando de esta forma. Antes, la reunión era en Cancillería. Después,  nos  pareció  que  era  importante  que  tomara  la  palabra  la  institución  de Derechos  Humanos  y que se creara un grupo de trabajo con  economistas  y con las instituciones que ya nombré para hacer aportes valederos. Este año estamos haciendo aportes  sobre  el tercer  borrador  del tratado  vinculante, porque  el año que viene,  en octubre,  se va a trabajar  a partir de este  borrador,  agregando,  sacando,  artículo  por artículo,  como  se  trabaja  en  el  seno  de  las  Naciones  Unidas.  En  algún  momento llegaremos al tratado definitivo, cuando todos los países se pongan de acuerdo, pero es muy importante que ya tengamos un tercer borrador de trabajo, porque el acumulado de estos años ha sido grande, importante y estamos trabajando sobre artículos concretos.

Digo una vez más que es muy importante que Uruguay tenga una posición país. Y me parece relevante que el Parlamento Nacional, cuando se habla de un tratado que se va a tener que votar aquí, tenga algo para decir.

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