Fábrica de escandaletes

Fátima Barrutta

No hay duda: escándalos eran los de antes.

Votar un fin de año, entre gallos y mediasnoches, un salvataje de 800 millones de dólares para evitar la quiebra de la empresa pública más grande del país, eso sí fue un escándalo.

Decir que la privatización de Pluna empezaba bien y terminaría bien, y que en cambio concluyera con privados presos y una pérdida cuantiosa para el Estado, eso sí fue un escándalo.

Un diputado que votaba privilegios para la empresa “compañera” que él mismo dirigía, eso sí fue un escándalo.

Un vicepresidente de la República al que no le quedó otra que renunciar al cargo, ante la evidencia de su ostentación de un título del que carecía y su afición a la compra de objetos personales con tarjeta corporativa del Estado, eso sí fue un escándalo.

Comparado con esas y otras tormentas políticas, que al Frente Amplio le terminaron costando la elección, los modestos “escandaletes” que ahora ellos fabrican contra el gobierno, realmente son poca cosa.

Empezaron desde antes de la asunción del 1 de marzo de 2020.

Hicieron una interpretación distorsionada de la figura de la “apariencia delictiva” que aparecía en el primer borrador de la LUC, para decir que el nuevo gobierno juzgaría a las personas por su apariencia. Nada más tonto, porque el proyecto no habló nunca de “personas” sino de “hechos” de apariencia delictiva, que es una tipificación que ya estaba mencionada en forma abundante en nuestra legislación, desde siempre.

Cuando esa patraña no les dio más jugo en sus campañas de enchastre en las redes, empezaron con narraciones dramáticas de supuestos casos de abuso policial, prácticamente al día siguiente del cambio de gobierno. Un muchacho llegó a decir que la policía lo había golpeado y hasta baleado, pero el entonces ministro del Interior, Jorge Larrañaga, mostró el registro audiovisual de ese mismo procedimiento, con las cámaras portátiles de la policía, evidenciando que en realidad había sido de una corrección absoluta.

Ahora se dedican a distorsionar distintos artículos de la LUC, para vender sin el menor éxito la idea de que el gobierno es una especie de dictadura despótica, que malignamente se dedica a castigar a los pobres para favorecer a los ricos. Solo se lo creen entre ellos, los más fanáticos. Cuando la policía actúa para impedir que un puñado de sindicalistas obstruyan la libre circulación de las personas, que es una potestad que le asigna la constitución y las leyes, arman otro escandalete de represión y autoritarismo.

Parece que tuvieran gente pensando todo el día qué daño hacer, cómo tergiversar para enchastrar a un gobierno al que no ven como representativo de la mayoría ciudadana, sino como un enemigo a quien desearían doblegar.

Todo vale: si el MSP interviene una mutualista fundida, lo critican. Luego reclaman exactamente lo contrario. Si se vota (por fin) una ley que obligue a los sindicatos a tener personería jurídica, llaman a eso persecución sindical. Pero a las empresas e instituciones privadas, ellos son los primeros en reclamarles formalización jurídica.

La verdad es que son tan predecibles en sus intentos desesperados de dañar a un gobierno que trabaja con eficiencia por el bien común, que aburren.

A esta altura, deberían empezar a darse cuenta.

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