Frenesí e impunidad

Julio María Sanguinetti

Las famosas auditorías van apareciendo. Tanto en nuestro medio político como en el periodístico, hay mucha gente que con fruición revuelve a la búsqueda del detalle ridículo o comprometedor. Digamos, como el colchón o el traje de baño que compró Sendic a la cuenta de Ancap.

No ignoramos el valor de esas aparentes pequeñeces, que suelen ser muy reveladoras. Pero en una mirada mucho más amplia, esos informes desnudan un modo de gobernar dominado por una sensación de omnipotencia, una convicción de impunidad, un desapego a toda norma que describen un estado psicológico mesiánico en ese Frente Amplio que llegó al poder para corregirlo todo y, lejos de ello, empeoró mucho de lo que podía no estar bien, amén de traer malas prácticas novedosas. Por supuesto, algunas de las buenas prácticas históricas conservó; por ejemplo, el manejo de la deuda pública, que durante años proponía desconocer y luego administró con prudencia en los mandatos de Astori. Desgraciadamente, estas fueron las excepciones.

En el discutido caso del Antel Arena, asombra la oscuridad de la tramitación. Desde ya que algo que empezó presupuestado en 40 millones de dólares y terminó en 118, llama la atención. Podría haber alguna explicación, más o menos convincente o -por lo menos- con cierta racionalidad. Es tradicional, incluso, que haya algún desfasaje de costos, pero nunca pasan de un 10% o 15%. Lejos de ello, nos encontramos con que no solo hubo esa desmesura de costos sino que el 88,9% de las compras fueron directas, sin ninguna documentación de sustento, declaradas además reservadas por 10 años. El paradigma de la opacidad administrativa. Menos transparencia imposible.

 Desde ya que Antel puede realizar compras en forma directa y reservada cuando aluden a actividades en competencia. Una nueva tecnología, por ejemplo. Pero tratándose simplemente de un edificio, es impensable que se haga todo por compra directa y que, además, se le encapsule en un hermetismo absolutamente inexplicable.

Cabe recordar que el propio Tribunal de Cuentas entendió que esta obra excedía los cometidos de la empresa estatal, entre los que no estaba un estadio. Por esa razón todos sus gastos fueron observados. Y luego ocurrió también que se encargó de la gestión a una empresa privada, esponsorizada por la propia Antel, que además le iba adelantando el dinero para pagar sueldos y gastos, a cuenta de lo que recaudaría. El hecho es que antes de la pandemia, como era previsible, ya se venían perdiendo más de US$ 3 millones.

 Es evidente que hubo un ejercicio absolutista del poder administrativo. Nada detenía el impulso de hacer la obra a cualquier precio.

Si nos pasamos ahora al caso de Gas Sayago, allí la nota dominante es el voluntarismo irresponsable, el uso de los fondos públicos con desparpajo: se pone en marcha una obra de enorme magnitud sin estudios previos serios, ni siquiera un real Plan de Negocios. Ahora ha quedado claro que lo que presumíamos entonces era total verdad: nunca fue un proyecto viable. Y por si fuera poca la auditoria, con voz clara, el entonces vicepresidente Astori es terminante al afirmar que fue siempre un error imaginar esa enorme inversión para venderle gas a Argentina, en el mismo momento, además, en que se estaba haciendo la inversión en energía eólica.

 Con todo, pudimos salvarnos de los daños cuando el socio, Argentina, se bajó de él. Representaban el 50% de la inversión y el mercado principal de venta del gas. Parecía casi elemental que en esa situación había que accionar el freno. Lejos de ello, por decisión estrictamente política, se siguió adelante, a tambor batiente.

Como reconoce Astori, el absurdo se multiplicaba cuando, paralelamente, se había lanzado el programa eólico. Fue un enorme plan, de 1000 MW, lanzado también con el más que discutible procedimiento de asegurarle el precio por 20 años a los privados que hicieran la inversión. O sea que no había ninguna exigencia acuciante de continuar con el plan de gas licuado.

Vino luego otro segundo momento crucial: Gaz de France, la poderosa empresa gala, que en 2013 se había hecho cargo de la construcción y operación del emprendimiento, resuelve apartarse. También se le había caído la constructora brasileña OAS, en concordato por los escándalos brasileños de corrupción. Gaz de France paga nada menos que una multa de 100 millones de dólares para rescindir el contrato e irse. Cualquiera advierte que si semejante empresa pagaba una cantidad así para retirarse, era porque no había modo de darle racionalidad al proyecto. Sin embargo, seguimos, gastando y gastando, pagando sueldos mayores a los de la industria internacional a cuenta de fondos públicos.

 Así fue que se perdieron 213 millones de dólares, 113 que puso el país y 100 que pagó Gaz de France y lo incineramos en la nada. O peor aún, en objetos inanimados cuya remoción será una fortuna, como los famosos pilotes frente a Puntas de Sayago, que en la campaña electoral dieran tanto que hablar cuando el ingeniero Martínez quiso hacer poesía con el paisaje del Cerro y Zabalza lo aterrizó con los millones que costaban los “palitos”…

Estos episodios son testimonios ilevantables de lo que fue la administración frentista. Más allá de la ideología y aun sin entrar a discutir sobre los episodios de deshonestidad que puedan haber ocurrido en el medio de la arbitrariedad imperante, el despilfarro fue rampante.

 Se gobernó con el frenesí voluntarista de quienes se sentían omnipotentes. De quienes actuaban sin que se les pasara por la cabeza que algún día tendrían que rendir cuentas en algún lugar.

Ese día llegó.

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