Intencional y progresivo desmerecimiento de la labor policial

Zósimo Nogueira

Al ciudadano azul y al detective empírico con o sin lupa, los fueron remplazando.

Vinieron los uniformes obscuros, escudos traslucidos, bastones, correajes voluminosos, armas automáticas cortas y largas; son imagen de la actual policía.

Hubo mejoras salariales, en equipamiento, armas, medios de transporte y comunicación. Bienvenidas mejoras. Pero acompañando a esos beneficios, la resta.

Se modificó el formato de la actividad policial, de las Jefaturas de Policía y de las diversas unidades que las componen.

Graves daños a la profesión policía, digitando calificaciones y ascensos.

Debilitamiento y casi extinción de las Comisarias seccionales, desmembramiento de las Direcciones de Investigaciones (en especial de las del área metropolitana), modificación de sistemas de patrullajes.

Creación de la Guardia Republicana con jurisdicción nacional; quita de potestades y responsabilidades a las Jefaturas que para ciertas tareas deben solicitar su apoyo por haber eliminado sus propios grupos GEO (grupos especiales de operaciones). 

Desvío de actividades propias y exclusivas del policía hacia otros actores.

La policía era receptora por excelencia de las denuncias de la comunidad, desde faltas a los delitos más graves.

Las comisarias eran centro referencial de cada barrio, lugar de socorro y de respuesta a los delitos y todo tipo de conflictos en su jurisdicción. Hasta accidentes de tránsito, y expedición de documentos como las guías de ganado en el interior.

Vínculo con la comunidad permanente, recorridas, custodias, apoyos a otros servicios públicos, vigilancias, citaciones, y en especial el trámite de las denuncias y quejas recibidas. Inicio de los procedimientos, indagatorias, recolección de indicios, pruebas y detenciones.

Concurrencia inmediata a todo evento delictivo o con características delictivas.

Muy distinto es el presente, mejoro la actitud y compromiso por el empoderamiento de la policía a través de la LUC. Pero dista mucho de tiempos pasados.

Tampoco tienen mucha capacidad de respuesta, fueron desprovistas de personal y cuentan con pocos medios de transporte. Se sigue en debe.  

Hasta hace poco solo se trasmitían las denuncias a fiscalía, una policía atada de manos, desmotivada.

Se desperdició el conocimiento empírico de los investigadores, conocedores del habitad criminal, sus vínculos, lugares de desplazamiento, modus operandi, todo desperdiciado. Personal con mucho conocimiento empírico desperdigado en diversas unidades, algunos destinados a pequeñas unidades de investigación creadas en las zonas que atienden a lo más grave y urgente.   

Con el actual Código de Proceso Penal la Fiscalía abordo la tarea de organizar una nueva forma de aplicar justicia con criterios del ex Fiscal General Dr. Jorge Díaz sin más límites que esta amplia ley de creación y modificación procesal.

 Organizó estructuras laborales jerárquicas, creo cargos y empodero la figura del fiscal de Corte

Esta transformación genero la asignación de importantes partidas presupuestales. 

Si bien la norma no lo dice de su aplicación surge una excesiva valoración de lo académico sobre lo empírico, causando una gran y grave devaluación de la búsqueda de la verdad en materia penal.

Los fiscales no están capacitados ni poseen los recursos suficientes para una adecuada tarea de campo, necesaria para la investigación de los delitos. Para la búsqueda de la verdad.

Tome debida nota del artículo de Eduardo Barreneche del 10/04/2022.

Policías acusan a fiscales de no encarcelar ladrones. Delitos menores quedan para atrás.

Los rastrillos, esos ladrones habituales de poca entidad perforan al sistema judicial; hoy una bicicleta, mañana una garrafa, un celular, el interior de un auto, un bolso, etc. No van presos, casi ninguno.

Según el Ministerio del Interior en 2021 fueron denunciados 112.097 hurtos, 307 por día.

Sobre esta situación dice el Fiscal de Corte Juan Gómez que la sobrecarga laboral es permanente pero que el sistema igual funciona, lo avala la tasa de presos que es una de las más altas de América Latina.

El Presidente del Gremio de los Fiscales William Rosa dice que el diagnostico de sobre carga de los fiscales es desde el inicio del actual CPP.

Que los Estados no pueden perseguir todos y cada uno de los delitos que ocurren y que tanto la policía como Fiscalía necesitan más recursos para ser eficaces en la persecución penal.

La policía teniendo autonomía, nunca dejo un caso sin atender, sin investigar.

Una Fiscal de la zona metropolitana dijo tener 700 expedientes abiertos y no puede investigar todos los casos.

Con este sistema el 86% de los casos termina en juicio abreviado y el 14% en largos juicios penales que obligan al fiscal a interrogar a imputados, testigos; entrevistar a policías, preparar acusaciones, eventuales apelaciones y con plazos perentorios.

En los juicios penales, hay un gran desgaste de los fiscales, casos abiertos con más de dos años.

Muchos ladrones filmados, capturados con objetos robados son liberados emplazados porque no hay denuncias.

Desde la aplicación de este CPP solo quedaban detenidos por 2 horas, con la LUC 4 horas. Sin filmación, ni denunciante son liberados.

Con 7 u 8 detenciones similares a veces el fiscal pide condena. Libertad a prueba.

Pero si devuelven lo robado no van a prisión.

El sistema no funciona. Cuando se descree, muchos delitos dejan de denunciarse, no solo hurtos, y ocurren episodios de justicia por mano propia tampoco denunciados.

Sin embargo el Fiscal Gómez dice que hay 13900 presos y sumados los de prisión domiciliaria suman 20000 y eso habla de razonable eficacia del sistema.

A mi entender todo esto es sinónimo de fracaso.

Los juicios abreviados responsables del 86 % de los reclusos no se corresponden con una investigación adecuada, el dictamen de culpa no puede surgir de simples declaraciones responsabilizando una conducta delictiva y graduando una sanción por acuerdo entre abogados.

La esencia de la justicia es la búsqueda de la verdad, aquí está incompleta o ausente.

La impunidad de los delitos menores que no son solo los hurtos, generan un total descredito en la población y desaliento en los policías bien inspirados, que abandonan profesionalidad y adoptan a su actividad como un simple empleo.

Si el hurto probado no se sanciona que decimos de los reducidores. Este descreimiento en el sistema ha variado la moralidad de gran parte de la población.

Se abastecen de productos robados para reponer una pérdida o por el simple hecho de comprar barato sin importar la procedencia.

La solución está ahí; solo falta voluntad política.

Considero que están demás todas las fiscalías especializadas, incluso más creo que atentan contra el verdadero fin de la justicia.

Jueces y fiscales deben estar especializados en la aplicación del derecho, de la ley. Para todas las partes, denunciantes y denunciados, víctimas y victimarios.

Con garantía de imparcialidad, nunca con un fiscal o juez predeterminado por el delito o el apellido del causante.

Hay que devolverle plenos poderes a la policía en todo lo atinente al mantenimiento del orden público e investigación de los delitos.

Se están promoviendo modificaciones al CPP, es el momento adecuado para enderezar la pisada.

Lo académico no habilita para introducirse en el mundo y entorno de los delitos, se requiere conocimiento del terreno, volumen de personal, actividad a tiempo completo, capacidad de imponer la fuerza y conocimientos de práctica, táctica y estrategia policial.

Tampoco lo empírico habilita para evaluar y graduar responsabilidades jurídicas desarrolladas y analizadas en ámbitos académicos.

Es cuestión de complementos y uso racional de capacidades y  recursos humanos.

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