La batalla por la LUC y lo que queremos

Zósimo Nigueira

La ley de urgente consideración fue promesa de campaña de nuestro Presidente Dr Luis Lacalle Pou, dentro de su partido político.

Cuando se formalizó el acuerdo inter-partidario hubo reuniones.

Se agregaron, suprimieron y recortaron temas que formaban parte de su campaña partidaria.

Para una gran cantidad de temas hubo pleno consenso, en otros primó la mayoría.  Entre estas propuestas estaba la de regular los precios del combustible acompasando los vaivenes internacionales del petróleo.

 Idea que el Presidente Lacalle en legislaturas anteriores ya manifestara. Ha propuesto importar petróleo procesado en sus derivados nafta, gas oil etc.

Puesta en práctica la iniciativa, los propios colectivos que impulsaron su candidatura hoy la rechazan contundentemente. Ha generado tremendo revuelo, ha sido una gran equivocación.

Así lo dicen la Asociación Rural, los Transportistas, Dirigentes de la Industria, del Comercio, Cámaras Empresariales y el patrón “Juan Pueblo”

Ni que hablar  de la oposición y las gremiales sindicales que con los últimos aumentos de combustible recibieron un aumento de adhesiones en su campaña de recolección de firmas.

Mucho dolor de cabeza y muchas muestras de descontento ha traído esta reiterada modificación de precios.

Se ha hablado de precio real, de abaratamiento y formula que evita los desastres del pasado reciente ocurridos en las administraciones  de Martínez y Sendic al frente de Ancap.

Creo que se han manejado criterios esencialmente económicos, muy diferentes a los manejados por nuestro partido cuando la creación del Ente y su sostén hasta nuestros días.

En esto se proyecta una economía absolutamente de mercado que difiere con los criterios batllistas.

Ni estatista, ni absolutamente liberal, servicios públicos regulados. Hace años ya hubo un pronunciamiento popular  rechazando su privatización.

Con la debacle y la deuda que genero Ancap, es entendible la propuesta, y la tibia oposición de los otros socios, pero la última administración de Jara fue buena, a pesar de esos agujeros negros de subvenciones de artículos no redituables y seguir arrastrando deudas.

Jara obtuvo beneficios personales cuestionables, pero su gestión fue muy superior a la de sus predecesores.

Pero aplicada esta nueva para-métrica, el sinfín de quejosos nos indica que hubo una equivocación. ¿Cómo corregirlo? 

No se pueden equiparar las fortalezas y posibilidades del Estado con las de la actividad privada.

La variación de precios del combustible implica sí o sí la variación de todos los artículos de consumo.

 El criterio general dice que es inviable  acompasar la regulación de precios un producto que no se produce y cuyo valor es regulado externamente.

Esto genera inestabilidad comercial, empresarial y aún de hogares con permanente volatilidad de los artículos de consumo por las variaciones de los costos de energía y combustible.

Esta adecuación de precios debe realizarse de manera previsible y siempre lo más próximo a las adecuaciones salariales como ha sido de estilo. Además el Estado debe ser previsor y mantener stock suficiente para consumos a mediano y largo plazo.

Es, ni más ni menos que una cuestión de gestión del ente Ancap y de la  permanente supervisión de las finanzas y endeudamiento de éste y de todos y cada uno de los organismos del Estado.

Si las leyes de rendición de cuentas hicieran más hincapié en el control de los activos, pasivos y destinos de los dineros asignados y no tanto en introducir  modificaciones en la operativa de los diversos Ministerios y Organismos del Estado de seguro la función pública seria más eficiente y se evitarían esos agujeros negros tan reiterados.

Volviendo al tema central; la Ley de Urgente Consideración.

Que fue una ley muy extensa, es posible. Que lo mejor serian una serie de leyes cada una con un tema, puede ser.

Pero fue una decisión política, acordada entre quienes partidariamente apoyaron a la candidatura de Luis Lacalle Pou.

Fue publicitada y difundida, y quién integrando el órgano legislativo, voto a favor o en contra tuvo la posibilidad de leerla y analizarla.

Seguramente quién discrepaba con la LUC o parte de ésta no logro convencer y no consiguió las adhesiones necesarias para impedir su aprobación.     

Hay temas muy importantes atinentes a Seguridad; Defensa; Salud; Educación; Propiedad, derechos, deberes y garantías; Alquileres; Economía; Servicio Civil; etc, etc, entrelazados entre sí, y que en caso de lograrse la derogación propuesta en el proyectado referéndum generaría graves perjuicios para la comunidad en general.

En materia de Seguridad la LUC ha permitido un empoderamiento de la función policial, es una  herramienta legal y el verdadero respaldo a su accionar operativo.

Lo otro, lo del acompañamiento y lo de las arengas son muy validos, pero solo cumplen un rol motivacional. El marco de la ley es lo que valida su desempeño.

La legítima defensa, la resistencia al arresto y el agravio a la autoridad policial,  son conductas muy bien definidas que jerarquizan y dignifican al funcionario policial.

Son una expresión de voluntad del poder político en respuesta a una demanda ciudadana que clama por una mejor convivencia, por el respecto de unos hacia otros, legitimando y delegando en el policía la facultad de actuar e imponer el orden ante desvíos a la legalidad.

 Se castigan los daños a los bienes de la policía  y del Instituto Nacional de Rehabilitación, como manera de frenar los impulsos vandálicos tan de moda en la actualidad.

Se penaliza la ocupación de espacios públicos, esto surge como consecuencia de un verdadero clamor ciudadano, ante la apropiación de estos espacios, por vándalos y marginales, que impiden el normal desarrollo de las actividades de la comunidad y generan verdaderos guetos de delincuencia.

Venta y consumo de drogas, cobro de peaje,  etc, etc.

Algo fundamental, se le retornan potestades de investigación a la policía.

Se estaba convirtiendo en el chico de los mandados del fiscal, casi que un Guardia de Seguridad.

Tarea muy noble, que muchos policías realizan en sus horas libres para mejorar su presupuesto, pero distante de lo que implica el “estado policial”.

La extensión del ámbito considerado como domicilio para una eventual legítima defensa es una importante garantía para la seguridad de las personas.

A quienes hemos buscado y propiciado un cambio nos debe unir el compromiso de evitar la derogación de la LUC y para casos como el del combustible hay que buscar una solución.

No es tan difícil, es solo desandar en algo el camino, una ley se deroga o corrige con otra ley.

Basta con realizar estos ajustes en espacios más prolongados de tiempo, hacer buenos negocios y generar stock.

Basta con gestionar bien, controlar adecuadamente a los gestores y generar políticas previsibles.

Como parte de este partido, el más grande e histórico de nuestro país somos acérrimos defensores de principios partidarios, la causa de los pueblos es la búsqueda del bienestar ciudadano, del pleno goce de las libertades.

Reivindicamos el derecho a disentir, a la discrepancia.

Exhortamos a quienes nos representan en las diferentes esferas del poder a cumplir con las promesas electorales y cuando no sea posible que lo fundamenten.

Se prometió derogar el IASS, no se dice que se pospone, se lo aumenta.

Queremos y luchamos por un Partido colorado Vivo y Fuerte sin el anonimato del silencio.

Electores y elegidos, juntos en el acierto y en el error.

Dice Maquiavelo en el Príncipe, “al poco tiempo se olvida la pérdida de un ser querido, pero no se olvida a quien te despoja de tu patrimonio.” 

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