La ley de emergencias

Jorge Nelson Chagas

Mientras Gestido reorganizaba el gabinete el impulso originario de la Ley de Emergencia se fue diluyendo. La discusión parlamentaria prácticamente la redujo a la mitad. Por otra parte, la designación de nuevos integrantes en el gabinete de gobierno supuso una mayor homogeneidad en la toma de decisiones, aún con respaldos políticos precarios. Vasconcellos fue designado en Hacienda y Michelini en Industria. El nuevo ministro de Hacienda “sintonizaba” mejor con los técnicos desarrollistas. Apenas asumió se vio enfrentado a dos urgencias: el pago de los intereses de la deuda externa y el déficit fiscal.

En la primera semana de julio arribó al país otra misión del FMI. (A raíz del ‘crack’ bancario de abril de 1965, Uruguay estaba muy desprestigiado en el exterior, al punto que se le llegaron a rechazar al BROU obligaciones por nueve y diez dólares). Los técnicos fondomonetaristas propusieron la congelación de salarios y la devaluación del peso. Vasconcellos, después de reunirse con Luisi, Faroppa e Iglesias durante un fin de semana, planteó un relacionamiento diferente con el organismo y se negó a firmar la Carta de Intención. Les pidió a los representantes fondomonetaristas que le dejaran un memorando con sus aspiraciones. De hecho Uruguay estaba rompiendo con el FMI.

La dupla Vasconcellos-Faroppa propuso a Gestido una posición “gradualista” e “intervencionista”. El presidente apoyó la tesis del “curso propio”. Vasconcellos emprendió un camino que tenía tres ejes básicos: no tomar como base al FMI, no modificar el tipo de cambio y buscar movilizar al país para que la ciudadanía comprendiera nuestra opción y nos ayudara con su esfuerzo.

El 16 de julio, Vasconcellos, en un discurso radiotelevisado afirmó que el país “había tocado fondo”. Propuso la recuperación nacional, señalando que “en esta tarea cada uruguayo bien nacido tiene su puesto. Vivimos horas difíciles, pero tenemos confianza en el futuro, porque creemos en el pueblo”. Tras analizar las causas del estancamiento, consideró que el acuerdo con el FMI produciría graves costos sociales. Calificó la solución de la moratoria que exigían la izquierda y la CNT de “simplista y demagógica”. Por lo tanto, se mostró partidario de crear la Cuenta 18 de Julio, como forma de empréstito nacional para superar la crisis de divisas y evitar implantar las recetas anteriores.

La medida fue recibida con incertidumbre. El experimentado dirigente sindical Enrique Pastorino dijo que no tenía una posición definida y que la CNT iba a efectuar “un análisis detallado del discurso”. Carlos de Ambrois, presidente de la Cámara de Industrias, si bien consideró que había sido un discurso “valiente” y con ciertos aciertos en el combate a la especulación y evasión, le faltaba claridad sobre cómo se cumpliría con la deuda externa. Asimismo, se consideró “poco optimista” con respecto a la Cuenta 18 de Julio. En el nacionalismo, el senador Wilson Ferreira Aldunate le tendió una mano a las autoridades al llamar a la “responsabilidad y a apoyar la iniciativa”. Carlos Quijano, desde las páginas de Marcha, cuestionó la ausencia de una política económica rectora. En un editorial del 22/7/67 con el título Seis decretos en busca de una política, sostuvo que apenas “si deambulan en busca de una política ignorada y quizá, lo que sería peor, que se ignora a sí misma”.

En estas circunstancias Faroppa apremió a la dirigencia de la CNT para lograr una tregua definitiva. Empero, todos sus esfuerzos por desactivar la conflictividad social fueron vanos. Entre julio-octubre de 1967 el movimiento sindical emprendió intensas movilizaciones que abarcaron a gráficos, a funcionarios de UTE, el puerto y el BROU.

Puede resultar asombroso que en momentos que el gobierno emprendía – aún con errores y vacilaciones – una política nacionalista y desarrollista, el movimiento sindical no apostara a un acuerdo nacional. Esto demuestra el grado de desconfianza entre las partes.

El 19 de julio una delegación de  la CNT mantuvo una ríspida entrevista con Vasconcellos. El ministro confesó que Uruguay estaba “librado a sus fuerzas” y llegó a pedirles a los sindicalistas que siguieran adelante con el paro, pero “que fuera de apoyo al gobierno”. La delegación obrera, ante el desasosiego de Vasconcellos, respondió que “debían consultar a las bases”.

Al día siguiente, se realizó un paro general. Esta medida desencadenó un debate en el entorno presidencial entre “dialoguistas” y los partidarios de aplicar, a rajatabla,  el “principio de autoridad”. Ulyses Pereyra Reverbel, presidente de UTE, el general Juan Pedro Ribas, presidente del puerto, y Santiago De Brum Carbajal, presidente del BROU, representaron la línea más dura en cuanto a la intransigencia con los reclamos de los trabajadores. La prensa de izquierda los bautizó “los tres jinetes del Apocalipsis”. 

El día 25 de julio, Gestido sostuvo que no permitiría que “los intereses individuales o de grupos, por respetables que sean, perturben la tranquilidad nacional”. En sucesivos editoriales, el diario Extra – que en ese entonces representaba al oficialismo – reclamó plebiscito y voto secreto para los sindicatos, la necesidad de despolitizarlos y asegurar por la fuerza pública la continuidad de los servicios esenciales.

Al clima de enfrentamiento se le agregó un ingrediente explosivo:    la realización de la Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), del 30 de julio al 11 de agosto en Cuba…

El gobierno “se ponía los pantalones”

El 9 de octubre de 1967 el ministro de Trabajo Enrique Véscovi retornó a la sala donde sesionaba el Consejo de Ministros y anunció que afuera una delegación de la CNT aguardando para ser recibida. El presidente Oscar, Gestido hizo una expresión de fastidio. Ya no había tiempo para treguas.

El presidente solicitó a Véscovi que alejara a los dirigentes sindicales de cualquier forma e indicó que siguiera el debate: el decreto que implantaba Medidas Prontas de Seguridad ya estaba redactado y muchos ministros no conocían su existencia. Vasconcellos, Michelini y Véscovi expresaron sus discrepancias. En cambio, el ministro del Interior Augusto Legnani y el de Defensa, general Antonio Francese, estaban de acuerdo. Otros dudaban.

En ese momento, llegó el ministro de Cultura, Carlos Manini Ríos, quien había regresado de apuro de una gira por el interior. Gestido le solicitó al secretario de la Presidencia, Héctor Giorgi, que le hiciera un resumen de lo discutido. Cuando estaban en eso, el ministro de Ganadería y Agricultura, Flores Mora, inquieto, sacó su cabeza por una puerta y se dirigió a Manini Ríos, produciéndose el siguiente diálogo:

         Flores Mora: ¿Votas las Medidas?

         Manini Ríos: Bueno, en fin…me estoy enterando.

        Flores Mora: ¡Pero no! Quiero saber si las votas.

        Manini Ríos: Ya voy, ya voy pero… sí, las voto.

         Flores Mora: ¡Ah! bueno, con eso me alcanza.

Finalmente, en el seno del gestidismo, se impuso la línea de los que sostenían que debía prevalecer el “principio de autoridad”. Al decretarse las Medidas Prontas de Seguridad renunciaron Faroppa, Michelini, Vasconcellos, Véscovi y el ministro de Obras Públicas, Heraclio Ruggia. La línea desarrollista había perdido la partida. (La defensa del “principio de autoridad” no significa autoritarismo. De hecho Flores Mora si bien acompaño la decisión, como se verá oportunamente fue una pieza clave para recomponer el diálogo con los sindicatos)

Algo más se sumó a las dificultades del oficialismo. El intendente de Montevideo, Glauco Segovia, se alejó del cargo tras una entrevista con el Presidente sin explicar las razones. “Renuncias son renuncias”, se limitó a responder a la prensa. Se habló de tres causas posibles: la oposición a su viaje a España de cuatro días sin gastos para el erario; la negativa de los ediles nacionalistas a la puesta en marcha del “Operativo Limpieza” y la falta de unidad del partido Colorado. Hubo rumores, también, sobre actos de corrupción en las negociaciones para construir viviendas municipales en el predio del Club de Golf. El sindicato municipal –ADEOM– en cambio, manejó la información de que Segovia había heredado una intendencia altamente deficitaria y necesitaba la ayuda del tesoro nacional. La caída del ministro de Hacienda Vasconcellos podía significar la asfixia económica del municipio y la muerte política de Segovia, que tenía expectativas.

El día 10 de octubre, el diario oficialista Extra publicó una caricatura que fue todo un símbolo: un personaje que representaba al gobierno “se ponía los pantalones” y pateaba globos que eran la carestía, la especulación y las huelgas.

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