Licencias irregulares en secundaria

Marcelo Gioscia Ha tomado estado público la decisión del Consejo de Educación Secundaria de Instruir Sumario administrativo tanto a un profesor de historia (que computaba más de 250 horas de faltas entre 2016 y 2017 en San José que pretendía justificar como licencia “gremial”), como la separación del cargo a un ex Consejero de esa repartición que, actualmente se desempeña como docente en la UTU, con retención del 50% de sus haberes a efectos de determinar sus respectivas responsabilidades. La Investigación Administrativa encomendada, encontró como responsables a estos funcionarios y en la etapa sumarial se determinará ahora, el alcance de las sanciones que seguramente habrán de resultar aplicables. El gremio que aglutina a los docentes de Enseñanza Secundaria (FENAPES) a través de su presidente, se solidarizó con su afiliado y argumentó en su momento que, tanto la denuncia como la investigación dispuesta, se trataba de una “persecución gremial” llegando a plantear un reclamo ante la propia OIT por el hecho. Este docente de historia, siguió percibiendo la totalidad de sus haberes, he intentó justificar con “certificados” sus inasistencias, como si hubieran sido por “tareas gremiales”, excediendo todos los límites, lo que a la postre derivó en la denuncia que motivara la investigación. Quedó de manifiesto el claro abuso de su parte, en perjuicio no sólo de sus alumnos sino de la misma Administración Nacional de Educación Pública que abonó haberes por horas no dictadas. Y lo que es realmente inadmisible, es que se llegó incluso a reconocer ante la Comisión Investigadora del Poder Legislativo -con total falta de vergüenza- que toda esta situación no hubiera tomado estado público, si el Frente Amplio no hubiera perdido las elecciones nacionales. Si, aunque parezca increíble, todas estas irregularidades hubieran seguido “tapándose”, si el resultado electoral no les hubiera sido adverso. En ese sentido causa una suerte de “vergüenza ajena” que, el ex Consejero de Educación Secundaria -hoy también sujeto de un sumario administrativo con retención del 50% de sus haberes- en su momento (según surge de las Actas del anterior Consejo) pidiera que no se divulgara la información referida a los “certificados” a fin de no perjudicar a los docentes ni someterlos “al escarnio público”, lo que resulta por demás inaceptable, atento a las responsabilidades que conlleva el cargo que ejercía en ese momento. Ambos funcionarios públicos desconocieron olímpicamente que, como tales, existen para el cumplimiento de sus respectivas funciones, y que deben estar al servicio de la función y no de una fracción política ni gremial. Debe quedar claro al lector y al contribuyente que, en este doloroso asunto, no se ha pretendido de ninguna manera “tomar de rehén a la educación” ni mucho menos se trata, de una “persecución gremial”, como pretendieron quienes defendían a los involucrados. Se trató de poner las cosas en su lugar y con todas las garantías del debido proceso administrativo, encontrar a los responsables de tales desvíos y sumario mediante, atribuirles a cada quien las sanciones que legalmente les corresponda

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