Los defensores de DDHH

Sobran instituciones, faltan recursos

Zósimo Nogueira

La y defensa de derechos humanos sectoriales, que cuando obtienen los réditos buscados significan avasallamiento hacia otros e injusticia social.

El Estado adopto una política de acallar demandas sectoriales, con soluciones laborales para los voceros de éstos colectivos y de esa manera captar adhesiones para su proyecto político direccionando la militancia.

Desde el 2012, hace 10 años está funcionando la Comisión de Derechos humanos, que a pesar de su rimbombante y amplio título no se ocupa de la defensa de sus contemporáneos.

Se ha dedicado al revisionismo de hechos casi que pretéritos, a incriminar a quienes estaban en posición antagónica a su ideología, acusando excesos, apremios físicos, incluso muertes y desapariciones. Era previsible.

Esta Comisión de DDHH integrada por 5 miembros, fue votada por el parlamento y cuatro de sus miembros pertenecen al Frente Amplio, ahora con las nuevas mayorías se promueven otras designaciones.

Los daños y reparaciones que se investigaron y reclaman fueron ocasionados por enfrentamientos armados y acciones represivas de la época dictatorial (1973-1985), luego se le fueron agregando años para atrás y para adelante.

Se desconocieron pronunciamientos populares y se utilizan convenios internacionales en forma parcial inclinando la balanza hacia el falso relato del partido gobernante hasta el 2020.  

Robaban pero no eran ladrones, ejecutaban pero no eran asesinos, eran revolucionarios y luchaban contra una dictadura que se inició estando todos ellos presos. ¿Será cuestión de semántica?

Justifican el desconocimiento a pronunciamientos populares.  

Que solo se promueve justicia y el castigo a responsables por no poder ubicarse a personas desaparecidas de instalaciones de organismos de seguridad.

Pero según entrevistas periodísticas a fiscales y jueces los fundamentos para los procesamientos de inculpados son fruto de relatos y reconocimientos por parte de personas afines a las víctimas.

Prototipo del pensamiento y criterio de elaboración del actual código de proceso Penal.

Amplios poderes de acusación, pocos recursos de defensa.

Muchos de estos casos vienen ligados a resarcimientos económicos, sin embargo esto no es tenido en cuenta en las sentencias judiciales.

 La mayoría, diría que todos los responsables de las unidades militares y centros de detención en donde se dice ocurrieron estos desmanes y delitos están muertos.

Lo mismo subalternos y personal de servicio que también podrían dar testimonio. “Hace más de 50 años”.

La guadaña es para los sobrevivientes, no importa su rol, ni su subordinación a un orden jerárquico. Basta ser mencionado, o la presunción. ¿Cuándo terminará esta cacería de brujas?

No se manejan criterios de lucha armada en estado de excepción, en donde quién desobedece al superior puede ser juzgado como “cobarde o traidor”.

La obediencia debida es un pilar ineludible en las estructuras militares en época de conflicto.

 Se ha juzgado con criterios de otra época.  Pero desde el punto de vista formal en apariencia se cumplió con el debido proceso.

No está en mí, cuestionar la prueba, ni pronunciarme sobre cómo ocurrieron los hechos investigados, solo opino sobre el contexto en que se vivía en las décadas del 70 y 80.

Había miedo en la población, la mayoría de la gente se recluía en sus casas Ansiedad de que terminara el conflicto; a la gente común no le interesaba si militares o subversivos se mataban entre sí.  No querían ser víctimas de un explosivo, una bala perdida.

Querían que funcionaran los servicios públicos, trabajar, cobrar su salario y no sufrir desabastecimientos como a menudo ocurría.

Las horas de penumbra y habituales cortes de luz generaban incertidumbre.

Las ausencias y simples retrasos preocupaban. Los teléfonos privados escaseaban, y los monederos, “teléfonos públicos” en plazas y vía pública eran vandalizados.

También los había en comercios y oficinas públicas mientras estaban abiertos. 

Es inminente la renovación de integrantes de esta comisión de DDHH, se han postulado más de 25 personas. Promovidas por organizaciones sociales y por dirigentes políticos.

Parece primar el criterio de posicionar a representantes de cada sector o partido político de la coalición de gobierno. Evidentemente predominan criterios políticos.

Se continúa desvirtuando el origen y destino de creación; los DDHH no tienen partido.

Conocemos a algunos postulantes y confiamos que de ser elegidos actuaran con equidad, procurando sanar heridas, con ecuanimidad y justicia. Solo así podrá develarse la verdad.

Considero que en un Estado que respecta la separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) es innecesaria la creación de tantos institutos sectoriales como el ombudsman, Defensor del Pueblo, Comisionado parlamentario, liga de defensa del consumidor, comisiones de políticas de género, incluso de esta comisión de DDHH.

Con la rendición de cuentas vuelve a la luz el tema de la defensa de los incriminados; en crisis desde la implementación del actual CPP. Los abogados defensores.

La Dra. Victoria Muraña, representante de la Asociación de Defensores públicos junto a otros integrantes de esta asociación demandan mayor presupuesto y creación de cargos de defensores de Oficio.  

Dice Muraña, que están en situación dramática, que para paliar la situación necesitan 115 cargos. Que son la pata olvidada del sistema judicial.

En el Proceso Penal se vive una situación de permanente vulneración de derechos individuales; en suma de DDHH.

La diferencia de recursos humanos y materiales con Fiscalía pone a sus representados en situación de desventaja, no pueden ejercer una defensa adecuada.

Ni que hablar de cuando no tiene su defensor.

Están en una proporción de 1 a 3 con los fiscales.  En los juicios orales se plantan 3 fiscales y su unidad de apoyo con peritos, frente a un defensor.

Que los 125 abogados de oficio cubren el 50% de los casos de familia y el 90% en materia penal. Se está hablando de crear 50 juzgados de género. ¿Qué pueden hacer?

En Montevideo hay 114 fiscales y 31 defensores públicos. En genero se necesita por lo menos 3 defensores, 1 para el niño. Dice que el 90% sale con una tobillera y no tiene una defensa.

Los defensores quieren cubrir las necesidades, dar garantía de acceso a la Justicia.

El Código del 2017 olvido a la defensa pública. Sin defensa la audiencia es nula, se incumple con la responsabilidad de la Justicia.

Dentro de lo crítico en Montevideo hay defensores especializados, pero en Departamentos como Salto y Paysandú la situación es aún peor.

Hay 4 fiscales titulares, cada uno con 2 adjuntos y solo 2 defensores para todo tipo de defensa

Es una situación dramática, hay una justicia diferente para quienes tienen un abogado privado y para los indigentes o desposeídos.

Reclaman autonomía de la Defensa pública. Esto debe ser política de estado, fortalecer la defensa pública será un mensaje de todos, política pública y no partidaria.

Defender y fortalecer la figura del defensor público es defender a la población.

Sin defensa no hay justicia, es bueno dictar leyes, pero sin recursos no se pueden llevar a la práctica.   

Como dijimos en otros artículos, los abogados defensores piden actuaciones a los fiscales que no se hacen o se dilatan tanto que carecen de utilidad, y para desvirtuar acusaciones, obtener testimonios favorables, o recabar información deben hacer trabajo de campo como si fueran policías, o contratar asistentes idóneos para que lo hagan.

Que pueden hacer los defensores públicos, es imposible, deprimente y desalienta.

Los DDHH en materia de juicios penales están en el debe, y su prolongación en el sistema carcelario es más de lo mismo. La acción el Comisionado Parlamentario es meramente de miembro informante, un trasmisor de realidades.  

Esta nueva comisión de DDHH debe ampliar horizontes.

No basta con el tema de guerrilleros y represores. Pensiones reparatorias y hereditarias para trasgresores de la ley y carencia de defensores para incriminados, “presuntos responsables” y para los olvidados de la cárcel.  

Urge visibilizar y atender el problema de los defensores públicos. Es cuestión de Estado.

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