«Miente, que algo quedará»

Fátima Barrutta

La del título es una cita que generalmente se atribuye a Josef Goebbels, el temible ministro de propaganda nazi. Pero dicen que en realidad pertenece a Voltaire o, antes aún, a un consejero de Alejandro Magno, llamado Medion de Larisa.

Lo cierto es que viene a cuento hoy más que nunca, cuando en base a groseras tergiversaciones del contenido de la Ley de Urgente Consideración (LUC), aparentemente se alcanzaron las firmas necesarias para habilitar un referéndum que impugne 135 de sus más de 500 artículos.

En esta columna me parece importante señalar dos desaciertos graves: el de los recursos de comunicación utilizados para obtener las firmas, por un lado, y el del silencio para defender la norma de parte de la coalición republicana, por el otro.

El primer evento desafortunado fue la iniciativa del Pit-Cnt de juntar firmas, algo que el Frente Amplio no había acompañado en un principio y que generó entre ambas organizaciones una fricción que demoró más de cuatro meses en resolverse. En efecto: se decía que la LUC había sido votada «de apuro» y evitando una discusión de su articulado, cuando ambas imputaciones eran falsas. Primero porque el texto original de la norma fue publicitado por el actual gobierno aún antes de asumir, a lo que se agregaba que no se hizo otra cosa que convertir en texto legal el Compromiso por el País que los partidos coaligados habíamos firmado en 2019, previo al balotaje de noviembre. Segundo, porque de la discusión parlamentaria a que el proyecto dio lugar surgieron no pocas modificaciones, en cuya autoría participamos todos los partidos integrantes de la coalición. ¡Y hasta el Frente Amplio sugirió cambios que fueron tenidos en cuenta! Por esa misma razón les llevó tanto tiempo ponerse de acuerdo en cuestionar solo 135 artículos (varios de los cuales, por otra parte, también contaron en su momento con el voto afirmativo del FA).

Es recordable el momento en el que el presidente del sindicato de Antel e integrante del Secretariado Ejecutivo de la central, Gabriel Molina, declaró al diario El Observador que «me importa un carajo lo que el Frente Amplio votó en el parlamento». Es un dato que revela hasta qué punto el FA termina contradiciendo sus postulados políticos con tal de agradar a la central de trabajadores, como ya lo hicieron cuando, en pleno gobierno de Jorge Batlle, se sumaron a la recolección de firmas impulsada por el sindicato de Ancap contra un proyecto de ley de asociación del ente con privados que ellos mismos (Enrique Rubio, Danilo Astori y Alberto Couriel) habían redactado.

Pero esa inconsistencia opositora respecto a la LUC fue solo el principio.

Mientras el gobierno creía que no se alcanzarían las firmas para habilitar el referéndum y se abstuvo de argumentar a favor de la ley, la Comisión Pro-Referéndum lanzó una andanada de falsedades y tergiversaciones sobre el texto legal, vendiéndolo poco menos que como un catálogo de arbitrariedades.

Hicieron spots con personalidades populares, haciéndoles decir cosas absolutamente inexactas, como que la LUC permitía que se echara a los inquilinos buenos pagadores sin más trámite, cuando claramente no es así.

Lo que propone la LUC es una opción al sistema de contratos de alquiler que sigue vigente, solo para aquellos inquilinos que no dispongan de garantía. Solo en ese caso, se da a esos inquilinos la oportunidad de acordar con el propietario un plazo de arrendamiento que, una vez vencido, habilite a ambas partes a su disolución inmediata. Esto significa que quien quiera acogerse a la ley vigente, que extiende los plazos de desalojo y lanzamiento, puede seguir haciéndolo sin ningún impedimento. En cambio, quien tiene dificultad para conseguir garantía o directamente desea alquilar por tiempo limitado, puede acogerse a esa nueva normativa, una incorporación que amplía el mercado de alquileres y contribuye a que estos bajen su precio. Hacer decir a un músico popular que con la LUC se desprotege a los inquilinos es una falsedad absoluta y parte del supuesto de que las personas no deben tener la libertad de elegir qué tipo de contrato quieren firmar.

Ni que hablar en lo que refiere a las nuevas normas sobre educación y seguridad pública. El FA perdió las elecciones justamente por sus rotundos fracasos en estas áreas, y cuando el nuevo gobierno plantea los correctivos que tanto anhelaba la ciudadanía, ¡juntan firmas para que todo quede como estaba! Entre las múltiples medidas positivas de la LUC que estos recolectores de firmas han cuestionado, están las de aumentar las penas para violadores y abusadores sexuales.

¿Esto le parece mal a los impulsores del referéndum? ¿Se dan cuenta de a quiénes están defendiendo?

También cuestionan el aumento de penas para las personas que incurren en narcomenudeo: llegan al extremo increíble de decir que no deben ir presas, porque en muchos casos son madres solteras con hijos a cargo. ¿Realmente creen los promotores del referéndum que debe permitirse a estas personas que vendan pasta base en las bocas que pululan por los barrios, por su condición de madres? ¿Este es el criterio de promoción social que aplica el Frente Amplio?

Para colmo de males, la «militancia» para obtener las firmas se tradujo en algunos barrios en distintas variantes de la demagogia y la intimidación.

Un oyente de Radio Carve denunció al programa «Así nos va» que a su abuelo le arrancaron la firma, prometiéndole que iban a iluminar su calle.

Otros han reconocido que se les exigió la firma «de pesado», por parte de dirigentes barriales que en lugar de brindar solidaridad, se imponen por coacción. Es curioso que la intendente Carolina Cosse haya festejado la obtención de las firmas con el argumento de que la LUC fue impuesta «de pesado», como si no hubiera sido votada por una amplia mayoría del 60% de los parlamentarios. Lo mismo decían en sus piezas publicitarias: «no dejes que unos pocos decidan por lo que afecta a muchos», decían los músicos utilizados para su campaña. Senadores y diputados que representan mayoritariamente al soberano no son «unos pocos». Poner en duda de esa manera al sistema republicano y representativo es un juego peligroso que, si miramos la historia de las décadas del 60 y 70, ya sabemos cómo termina.

Es triste y significa una grave omisión que la coalición republicana no haya salido durante todo este tiempo en defensa de una ley que no hace otra cosa que cumplir con su promesa preelectoral. Pero ahora no se puede llorar sobre la leche derramada. Los promotores del referéndum meten al país en una discusión estéril, que demandará cuantiosos recursos y quitará foco a las transformaciones importantes que aún resta realizar. Pero no habrá más remedio que dar esa batalla con la única fuerza que vale utilizar para vencerla: la verdad.

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