Sí a la vuelta de pagina

Ronald Pais

Siendo uno de iniciadores de este Semanario, siempre me ha parecido natural leer artículos con los que coincido y otros con los discrepo, sin polemizar, respetando otra opinión.

No obstante, el reiterado tratamiento del tema de los presos en la cárcel Domingo Arena, con especial énfasis en la iniciativa de un grupo de ciudadanos cuya vocera más notoria es la señora Mercedes Vigil, me ha impulsado a escribir nuevamente.

No es bueno citarse a uno mismo, por lo que no voy a hacer transcripciones de lo que ya expresé en el N° 599 de OPINAR bajo el título “El Ocaso de los Valientes”, que vuelvo a ratificar.

La postura repetida de un columnista es bastante clara: no quiere dar vuelta la página, da por buenas las condenas de los ex militares y ex policías recluidos, cree que el Poder Judicial les ha dado a los imputados todas las garantías y sostiene que deben seguir en esa condición hasta que revelen el destino y lugar donde se encuentran las personas desaparecidas. Parte de la afirmación de que “aún queda por responder el paradero de 197 personas desaparecidas durante la dictadura militar”.

Estamos en las antípodas de esa opinión y antes de que se sigan “piantando” votos del Partido Colorado, creo que es bueno precisar y recordar algunas cosas.

Los desaparecidos

Voy a tomar como fuente el Informe Final de la Comisión Para la Paz, de fecha 10 de abril de 2003, integrada por Monseñor Nicolás Cotugno (que la presidió), el Presbítero Luis Perez Aguirre S.J (fallecido y reemplazado por el Presbítero Jorge Osorio), el Sr. José D´Elía, el Dr. Claudio Williman, el Dr. Gonzalo Fernández y el Dr, Carlos Ramela)

Tomo esa fuente como la única confiable y garantista de la información producida. No sólo por la forma en que se obtuvo sino por la transparencia, pluralidad y jerarquía de las personas nombradas.

Después, nada parecido ha existido.

En el Anexo 3 del Informe se detalla que son 32 las denuncias relativas a uruguayos desaparecidos o fallecidos en Uruguay y en el Anexo 5, se suman 6 más relativas a ciudadanos extranjeros. Total: 38

De ese listado deben darse de baja a las personas cuyos restos fueron ubicados: Ubagesner Cháves, Fernando Miranda, Julio Castro, Ricardo Blanco y Eduardo Bleier, por lo que el número se reduce a 33.

En el Anexo 6 se agregan 158 denuncias sobre uruguayos y sus parejas desaparecidos o fallecidos en Argentina.

En el 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se asientan 8 más en Chile, 2 en Paraguay, 1 en Brasil, 1 en Colombia y 1 en Bolivia.

Resumiendo: 38 desaparecidos o fallecidos en Uruguay (actualmente 33) y 171 en el extranjero.

Naturalmente, la cantidad no hace que el hecho sea menos condenable. Así hubiera habido un solo desaparecido en Uruguay, no hubiera dejado de ser algo lamentable que no dudamos en repudiar.
Pero lo que sí dan los números, es una dimensión de las cosas y una idea del “garrón” que nos estamos comiendo los uruguayos al tener que estar pagando millones de dólares por hechos ocurridos en otros países y que, por una ficción, se nos endilgan a los “nabos de siempre”, como decía Tomás Linn. 
Asumido el gobierno del país por el Frente Amplio en 2005, aprobaron una catarata de leyes y decretos otorgándoles beneficios a los familiares de desaparecidos, tupamaros y otros, hijos y nietos.
En otras palabras, “se oficializó el curro”.          
Eso sí: sólo para ellos, es decir los que atentaron contra la democracia y presuntamente fueron víctimas del “terrorismo de Estado”.
A las víctimas y familiares del terrorismo sedicioso: NADA.

No es de extrañar entonces que hayan comenzado a florecer desde debajo de las piedras nuevos desaparecidos y se haya producido una extraordinaria “inflación” en la cantidad original.

¿A quién le debo creer? ¿A la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República del FA?, ¿Al Equipo de Investigación Histórica y al Grupo de Trabajo Verdad y Justicia?

¿Alguien notó que ya no se dice en qué países desaparecieron o fallecieron?    

No sólo porque los desaparecidos en Uruguay fueron muy pocos como ha quedado demostrado, sino porque inventaron una vueltita más para favorecer a los “compañeros”. Ahora ya no son los desaparecidos en Uruguay, son los “Detenidos desaparecidos por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado”.

Por supuesto que esto es incomprobable en todos los casos, pero como son ellos mismos los que están en la Comisión que decide, se armaron el tinglado para ser jueces, jurados, verdugos y beneficiarios.

¿A esta gente tengo que creerles?

¡Si mienten en una Ley (18596) fijando el 13 de junio de 1968 (pleno período democrático) para asignarle responsabilidades al Estado, qué puede esperarse!

¿A los que mintieron y ocultaron los escándalos de PLUNA, de la Regasificadora, de ANCAP, del ANTEL ARENA?. ¿A los que defendieron a Bengoa, a Lorenzo, a Calloia, a Sendic, a Placeres, a Cendoya y ahora a Carolina Cosse? ¿A los que mienten descaradamente en la publicidad contra la LUC, a los que apoyan a los sindicalistas de la enseñanza que fraguaron licencias inexistentes para no cumplir con su trabajo? ¿A los que dicen que Cuba y Venezuela son “democracias diferentes? ¿A estos totalitarios inmorales debo creerles que manejaron con transparencia y ecuanimidad el tema de los desaparecidos?

Amigo lector: está bien ser ingenuo, pero no tan buenudo.

La argentina Mercedes Fernandez Meijide, madre de un desaparecido, explica cómo inventaron los 30.000 desaparecidos que hasta ahora manejan las Madres de Plaza de Mayo: “Yo no admito que haya dos números de desaparecidos. No. Uno fue una necesidad al principio cuando se quería llegar a los organismos internacionales y la única figura era el genocidio. Y para poder argüir que había un genocidio, se inventó el número 30.000”.

Clarito, ¿no?

Así como hubieron restituidos y recomposiciones de la carrera administrativa totalmente falsas al amparo de la primera ley de reparación, no tengo dudas que hay desaparecidos truchos y que los uruguayos no debemos responder por hechos ocurridos en otros países, salvo prueba fehaciente de responsabilidad.

¿El “Plan u Operación Cóndor”?

Enseguida saldrá alguien que afirmará: “hubo desapariciones y ejecuciones acordadas y realizadas en el marco del Plan Cóndor”.

Que existió una coordinación de inteligencia e intercambio de información, nadie lo duda. Hasta el mismo Gavazzo lo admitió. ¿Y qué esperaban? ¿Qué no la hubiera? Los terroristas totalitarios recibían apoyo de CUBA y la URSS, tenían diálogo y colaboración entre ellos como lo demuestran los lazos criollos con los Montoneros, las FARC y la ETA. ¿O nos olvidamos de la asonada del Filtro para evitar la extradición de un criminal etarra?

Pero afirmar que se coordinaban y ejecutaban sistemáticamente acciones de exterminio de opositores es distinto. Y más diferente aún es demostrar en cada caso individual de desaparecido o fallecido que hubo una “responsabilidad y/o aquiescencia” uruguaya.

¿Terrorismo de Estado?

Otra ficción. Podrá discutirse si la dictadura practicó o en el terrorismo. Fue un gobierno de facto, sin legitimación democrática, plenamente responsable de sus propios actos. Pero, la dictadura ¿fue el Estado uruguayo o solamente su Gobierno?

Anibal Barbagelata (Teoría del Estado, FCU 1986) identifica tres elementos en la noción de Estado: el territorio, la población y el poder etático, este último, discutido. “Se discute su naturaleza y se discute también su posición con respecto al Estado” (pág. 73, Ob. Cit.)

Vinculemos ahora este concepto con nuestra Constitución que, en su artículo 1° dice que “La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio” y el art. 4° expresa: “La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación”

¿Fue lo mismo la dictadura militar que el Estado Uruguayo? ¿Fue lo mismo que la Nación? ¿Fue lo mismo que la República? ¿Soy responsable yo como integrante de la población y por ende del Estado y de la Nación, de los desaguisados de la dictadura?

Obviamente no y este es un invento para no mostrar el otro terrorismo de los Tupamaros & Co y hacerlos responsables de sus actos.

Una vez que caiga la dictadura cubana. ¿Deberá el pueblo cubano indemnizar a los emigrados de Miami y otras partes del mundo, así como a sus hijos y nietos?

Lo dicho antes. Un disparate para que los que sufrimos aquella guerra interna, sigamos cargando con quienes son recompensados selectivamente.

¿La “Justicia”?

El Poder Judicial no ha escapado a la acción gramsciana. Hay buenos jueces y hay otros que son militantes primero e impartidores de justicia después. Lo mismo sucede con los fiscales aunque en mayor grado.

Hay quienes creen en un Poder Judicial impoluto. Yo no.

¿Debo creerle a un sistema donde actuaron o actúan la ex Fiscal Guianze, la ex jueza Motta, la jueza Staricco, la antes jueza y ahora Ministra de Tribunal de Apelaciones Larrieu, la fiscal Zapater, el ex Fiscal General Díaz, etc.? Como diría un yanqui: “¡Give me a break!”

¿Se habrán leído con atención los expedientes del Coronel Gómez, del coronel Gulla, del general Dalmao (ya fallecido), del coronel Alvarez, etc? ¿Dan certeza de su culpabilidad?

¿Son infundadas las exposiciones del Senador Manini Ríos sobre el tema?

¿Es sensato calificar a todos y al barrer como “asesinos, violadores y torturadores”?

¿Se le habrá pasado por la mente al columnista que en aquella lucha entre quienes querían destruir nuestra democracia, la enorme mayoría de los que estaban enfrentándolos eran patriotas que salvaron al país? ¿Lo reconoce y valora?

Yo no niego que haya habido responsabilidades penales y conductas condenables que, por supuesto, nunca aprobé. No obstante, es fácil hablar ahora cuando se goza de una libertad que se debe en gran parte al sacrificio de policías y fuerzas armadas de la época. Y conste que hablo de la época democrática.

No era tan fácil cuando salir a trabajar a su negocio podía terminar en la Cárcel del Pueblo, torturado y maltratado como lo fue Sergio Molaghero. O por el hecho de vestir un uniforme de policía ser torturado, con la boca cosida con alambre, atado y ejecutado, como el Agente Ildefonso Kauslawskas, o por estar custodiando el pago de sueldos en un Hospital, ser ultimados a sangre fría como los coraceros Willer Soto y Nelson Lima.

No era tan fácil salir a trabajar en el campo, encontrarse una “tatucera” y ser asesinado fríamente para que no revelara lo hallado, como el peón Pascasio Baez. O cuando por integrar el gobierno, Armando Acosta y Lara fue ejecutado alevosamente a distancia por Samuel Blixen (que después se permitió el lujo de pontificar como periodista).

No era tan fácil cuando estando en un Bar de Pando, con un hijo recién nacido, Carlos Burgueño es muerto por los tupamaros que aún conmemoran su “hazaña”. O cuando Hilaria Quirino hacía su trabajo como limpiadora en el Bowling de Carrasco y la volaron de un bombazo por estar en un lugar de la “oligarquía” (como si fuera poco, los estudiantes de Química le pusieron el nombre de los dos tupamaros que también murieron en la explosión a la plaza que está frente a la Facultad).

A esta escoria había que enfrentarse. No con palabrerío, sino poniendo el pellejo.

A mí no me contaron todo esto, ni compré los boletos de la zurda. Lo viví, lamentablemente lo viví. Y lo sufrí como parte de la enorme mayoría de un pueblo con vocación de paz y libertad.

Dice el columnista que la teoría de los dos demonios es “jurásica”. Sigue el discurso de la izquierda intransigente.

¿De veras se cree que hubiera habido dictadura si no hubiera habido tupamaros? ¿De veras se cree que las fuerzas armadas habrían dejado los cuarteles si no fuera porque los políticos, el Poder Judicial y la Policía eran impotentes para frenar la avanzada totalitaria?

Y hubo más de dos demonios. Especialmente el de los políticos que fueron incapaces y omisos en enfrentarse a la sedición y de defender a la Democracia después.

No olvidemos quienes fueron los que aplaudieron los Comunicados 4 y 7, ilusionados en un golpe de estado estilo peruanista.

Sólo una voz, valiente y solitaria, se alzó con la advertencia: la de Amílcar Vasconcellos, en aquel Febrero Amargo.

Posteriormente, en un celebrado discurso Wilson Ferreira Aldunate, dijo:

“Al fin de cuentas, ustedes saben bien que estamos al borde del golpe de estado, a horas, a minutos de instauración de una dictadura militar y que si no quisiera el Partido Comunista y la C.N.T. aquí no habría dictadura militar”

¿Organismos y normas internacionales?

Nuestro amigo e inteligente periodista César García pone el énfasis en este aspecto, con un enfoque más internacionalista. Sólo un comentario a título de adelanto para continuar esta discusión más adelante.

No se puede innovar en normas jurídicas para en base a ellas pretender condenar hechos pasados. Y menos en materia penal. Y mucho menos apuntando solamente a una de las partes en conflicto.

Lo que está prescripto, está prescripto y punto.

Las normas internacionales tampoco pueden lesionar ni limitar nuestra independencia ni nuestra soberanía.

Si vamos a revisar todo más de medio siglo para atrás, revisemos también la amnistía a los sediciosos que también cometieron lo que ahora se califica como delitos de lesa humanidad.

Y otra vez la palabrería. ¿Dónde está el accionar de los organismos internacionales para terminar con el sufrimiento del pueblo cubano o venezolano ante las tiranías que los oprimen? ¿Dónde están los tribunales penales internacionales cuando los dictadores se pasean campantes por diferentes países y sus hijos hacen alarde de fortunas mal habidas con sus manos manchadas por la sangre de sus compatriotas?

Este es un tema sobre el que hay mucho más para decir.

¿Presos hasta el final?

Veamos ahora lo planteado por la señora Mercedes Vigil y un número muy importante de ciudadanos.

Dicha señora, a la que no tengo el gusto de conocer me merece mucho respeto. Se podrá coincidir con ella en todo, parcialmente o en nada, pero ha tenido el enorme mérito y valentía de sacar el tema de debajo de la alfombra y obligar a la toma de posiciones.

Yo apoyo su pedido y brevemente trataré de explicar mis razones.

A diferencia de quienes han opinado antes en el Semanario, estimo que no se trata de un tema jurídico, ni siquiera político, se trata de un tema humanitario.

Porque me siento heredero de la magnanimidad de Artigas en su “Clemencia para los vencidos” después Las Piedras o “Yo no soy el verdugo de Buenos Aires” cuando los principales miembros de la Logia y los oficiales que habían peleado contra nuestro héroe les fueron enviados para que los ejecutara y él los dejó en libertad.

Me siento heredero de los orientales que después de cruentas luchas firmaron la paz de 1851, que puso fin a la Guerra Grande, “sin vencidos ni vencedores”.

Me siento heredero de José Batlle y Ordoñez cuando después del atentado de agosto de 1904 que casi le cuesta la vida a él y su familia, le encomendó al Jefe de Policía que diera garantía a los autores del atentado, haciéndolo responsable de lo que les pudiera pasar. Y cómo si eso no fuera suficiente, poco después reafirmó con más energía que nunca su propuesta de eliminación de la pena de muerte.

Y agrego a la Paz de Aceguá, signada bajo los mismos términos que la tradición indicaba.

Me siento consustanciado con la propuesta hecha por el Partido Colorado en agosto de 1986 para votar una ley de amnistía para los militares como antes se había hecho para el otro bando.

Lamentablemente, la miopía política de los otros partidos hizo que no acompañaran la solución que nos habría evitado dolores de cabeza por más de medio siglo.

Pero, además, siendo que mis circunstanciales contradictores manifiestan su admiración – la que comparto – por la figura del Dr. Enrique Tarigo y engalan sus opiniones con citas de tan respetada figura, les tengo una noticia: Tarigo también estaba de acuerdo con una amnistía a los militares.

“El Dr. Tarigo declaró por esos días: Todos tenemos el deber de encontrar una solución que permita realmente “dar vuelta la página”, expresión muy gráfica de Felipe González. Si después de 40 años de dictadura España se hubiera puesto a revisar todo lo acontecido en ese período, aún hoy estaría en esa revisión y no habría construido nada de lo que sin duda construyó en estos diez años de gobierno democrático”. (La Reconquista. Julio María Sanguinetti. Editorial Tauros 2012. Pag. 440).

El 28 de agosto de 1986, el Consejo de Ministros del Poder Ejecutivo del que el Dr. Enrique Tarigo era Vicepresidente, “debatió y aprobó un proyecto de amnistía que esa noche el presidente explicó al país por cadena de radio y televisión”

“El proyecto incluía una declaración de urgencia, lo que fijaba plazos para los pronunciamientos de las Cámaras. Señalaba el Poder Ejecutivo que votada una amnistía a quienes habían atentado contra la Constitución desde la violencia política, amnistía incluso más amplia que la por él propuesta, correspondía ahora extenderla a militares y policías”.

Y más adelante, se agrega: “Recordaba luego que la amnistía anterior había dejado impunes la muerte de diez agentes policiales, cuatro militares, dos obreros y un reputado científico, entre otros veintidós homicidios, y que, pese a lo que ello significaba de mortificación moral, no dejaba de tener un valor pacificador tan valioso como el que se proponía. Se hacía caudal también, de la tradición nacional, configurada por amnistías invariablemente votadas después de cada conflicto armado, como lo documentó la obra de Pivel Devoto “La amnistía en la tradición nacional” (Ob. Cit. Pags. 442 y 443).

Finalizando, sentía la necesidad de expresar mi posición. Para que ningún lector de OPINAR piense que la opinión de algún otro columnista representa ni un enfoque generalizado, ni una línea del Semanario, ni un pronunciamiento de sector alguno del Partido Colorado y mucho menos del Partido en su conjunto.

Son posturas individuales. Respetables, claro, pero solamente eso.

Naturalmente, también la mía y en la que no me siento solo sino acompañado por el pronunciamiento soberano del pueblo en dos plebiscitos, avasallado después por la prepotencia frenteamplista.

Simplemente la opinión de un demócrata, colorado y batllista que ya no tiene que dar pruebas de su condición, pero que tampoco tiene blindados su esfuerzo y su voto para el Partido. Seguirá apoyándolo en la medida de que éste sea fiel y represente los valores históricos que lo identifican, con la esperanza de no pasar a integrar la legión de votantes que se alejaron por no sentir satisfechas sus expectativas, sueños o esperanzas, aunque tampoco descarto esa posibilidad.

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