Suprema corte confirma abuso de funciones

Marcelo Gioscia

Ha tomado estado público la decisión del máximo órgano del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia que se pronunciara en tercera instancia, sobre la responsabilidad de quien detentara nada menos que la Presidencia del Banco de la República Oriental del Uruguay en tiempos del sonado asunto de la Liquidación de PLUNA, nuestra aerolínea de bandera. Como recordarán nuestros lectores, en el ruinoso proceder de las autoridades de entonces -que dispusieron poner fin a dicho ente público- el remate público de las aeronaves de dicha empresa tuvo derivaciones insospechadas que dejaron al descubierto una trama muy poco transparente. Muy escasos asuntos de este tenor registra la historia institucional de nuestro país. Debiera observarse por la ciudadanía que junto con la renuncia del Vicepresidente de la República, todos se dieron en gobiernos supuestamente “progresistas”, pero que en verdad respetaron poco al pueblo que dijeron defender y por el que actuar. En el caso que nos ocupa, se procesó y condenó penalmente no sólo al alto mencionado funcionario, sino además a quien detentara el Ministerio de Economía Y Finanzas. Mientras estas personas fueron halladas culpables de hechos delictivos en perjuicio de la hacienda pública, el verdadero mentor de la operación sigue gozando de impunidad y dictando cátedra de “honestidad y pobreza”. El mismo actor que asegura que el emprendimiento de la empresa Gas Sayago S.A. no ha causado pérdidas para el país, aunque la realidad indique que el Estado –que somos todos- habrá de hacer frente a más de 250 millones de dólares por costos y reparaciones de esta aventura empresarial sin viabilidad alguna. Responsable además de este emprendimiento en que se decidió “seguir adelante” con recursos públicos, esto quiere decir llanamente, con nuestros dineros, sin pudor alguno. En el asunto que motiva nuestra opinión, la confirmación del fallo dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal por el máximo órgano jurisdiccional, no hace más que dejar en claro y sin que quepa la menor duda que, existió un abuso de funciones, pues la orden de otorgar el aval bancario (por trece millones de dólares) a quien no tenía ni siquiera una mínima historia de comportamiento crediticio con la Institución, era injustificable. Dentro de los cometidos del BROU no estaba por cierto el “salvataje” de PLUNA, ni menos facilitar el aval a un desconocido “señor de la derecha”, que luego resultó en vedad, ser quien “actuaba” por otro inversor… Sólo la soberbia y la creencia en la impunidad, pudieron llevar a ese antiguo funcionario bancario, a actuar apartado de las normas que conocía perfectamente. Como conocía perfectamente que, la función pública es reglada, esto es que debe en todo caso sujetarse a normas jurídicas claramente establecidas, que en el caso desconoció flagrantemente actuando arbitrariamente, en perjuicio del patrimonio público que debió defender. Por eso a la condena de prisión en suspenso, se agrega a su respecto, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y el deber de reintegrar a las arcas públicas una exigua suma de dinero (pues no alcanza a cubrir el daño causado) lo que honra al funcionamiento del Poder Judicial y a las resultancias de un debido proceso penal, pero deja en la ciudadanía el sabor amargo de no resultar también responsabilizado quien a la postre resultó el gran impulsor de esta infeliz operación. En algún momento el Tiempo irá develando la Verdad y cada quien tendrá que cargar con las consecuencias de sus actos. Lo que a todas luces le hará mucho bien a la fortaleza de la institucionalidad de nuestra República y al Estado de Derecho.

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