Tapando con arena

Fátima Barrutta

La noticia no podía ser más reveladora: el representante frenteamplista de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Jorge Castro, debió poner el cargo a disposición de su fuerza política, después de suscribir junto a sus colegas provenientes de los partidos de la coalición, un informe contundente sobre el desapego a la transparencia que rodeó toda la ejecución del Antel Arena. Y su renuncia fue aceptada.

Un tuit de Ramiro Gutiérrez sintetiza el hecho de una manera clara: «el PCU no solo somete a su ex-director de la Jutep al desempleo y al escarnio público por haber votado según su conciencia y a criterios profesionales de buena administración, en relación al Antel Arena. Le manda un mensaje a todos los FA que ocupan cargos: se alínean o guillotina».

Desde ahora, la vieja expresión de «tapalo con diarios», que se usa cuando alguien quiere minimizar algo imposible de ocultar, pasará a convertirse en «tapalo con arena». Porque podemos decir sin miedo a equivocarnos que toda la aventura de ese centro deportivo y de espectáculos es un símbolo de la imprevisión y el oscurantismo que han rodeado las pasadas administraciones frenteamplistas.

Empezando por el principio: la entonces presidente de Antel Carolina Cosse asistió a la implosión que destruyó al Cilindro Municipal en escasos segundos, como si hubiera sido un acontecimiento festivo. No tuvo en cuenta que aquella construcción supo ser un emblema de la innovación arquitectónica mundial, al punto que el diseño de su techo sirviera de inspiración, en épocas pretéritas, a los diseñadores del Madison Square Garden de Nueva York. Tampoco tuvo en cuenta que la fachada circular del Cilindro exhibía obras de arte de destacadísimos muralistas nacionales.

Desde la Intendencia de la época, los frenteamplistas lo dejaron venir abajo, luego de un confuso incendio de cuyo origen nunca se supo nada. Le negaron reparaciones y mantenimiento y, cuando se hallaba en estado ruinoso, optaron por la demolición y ese proyecto faraónico, cuyo costo estimado de 40 millones de dólares saltó mágicamente a 118 millones y que viene funcionando a déficit desde su inauguración.

No se consideraron tampoco múltiples advertencias del Tribunal de Cuentas, en el sentido de que la construcción de un estadio deportivo por parte de una empresa de telecomunicaciones estatal estaba absolutamente por fuera de sus atribuciones constitucionales. Se agitó el pobre argumento de que en otros países existen «Movistar Arenas», sin haberse siquiera enterado de que esos nombres son colocados simplemente en base a contratos publicitarios, y que nada tienen que ver las compañías telefónicas con la construcción y administración de dichos coliseos.

En suma, se siguió adelante gastando y gastando, sin llamar a licitación, por compra directa, y sin estudios de factibilidad que determinaran la viabilidad de ese negocio imposible. Tanta imprevisión podría ser disculpada, en la medida en que los recursos usados para llevarla adelante fueran privados: cada uno tiene derecho a malgastar su dinero en lo que le venga en gana.

Pero acá el problema es que los recursos eran y son públicos.

 Antel es una empresa de todos los uruguayos y su buena o mala administración repercute directamente en el bienestar de la ciudadanía, de cada trabajador que paga sus facturas con el fruto de su esfuerzo. Una de las razones más claras que explican el triunfo de la coalición en 2019 y 2020 ha sido precisamente esa: la gente se hartó de alimentar con tarifas públicas e impuestos desproporcionados a demagogos convertidos mágicamente en empresarios, quienes, más que administrar con rigor dinero que no era de ellos, lo tiraron despreocupadamente sobre la mesa de ruleta de sus veleidades personalistas.

Hay por ahí una foto que lo dice todo: en la noche de la inauguración del Antel Arena, Cosse aparece abriendo los brazos con orgullo, mostrando «su obra» al entonces presidente Vázquez y su esposa. Es fácil darse dique con plata ajena. Y es fácil construir un gran estadio al que exhibir orgullosamente cual pirámide de Egipto, para asfaltar la propia carrera política, abriendo la canilla del gasto y desatendiendo todos los mecanismos de transparencia que impone la función pública.

La intendente ha intentado justificar este merecido bochorno en que una empresa auditora de sus desmanes tiene como dueño a un supuesto simpatizante político del gobierno. Pero no ha logrado explicar cómo la JUTEP en pleno suscribió esa denuncia, incluyendo la firma de uno de sus propios correligionarios, a quienes el Frente Amplio optó por enviar a la Siberia sin más trámites. Después son ellos, los dirigentes frenteamplistas, quienes reclaman al gobierno «más gasto». ¡Justo ellos que, cuando les tocó gobernar, hicieron del gasto un escándalo de despilfarro!

Vea el lector la diferencia entre hacer las cosas mal y hacerlas bien: en Colonia del Sacramento, dentro de unos meses se inaugurará un nuevo centro de espectáculos en la ex plaza de toros del Real de San Carlos, remozada en su estructura y con la incorporación de espacios gastronómicos y culturales.

A nadie se le ocurrió hacer desaparecer ese bello monumento histórico con cargas de dinamita. Se hizo lo que había que hacer: un llamado a empresas especializadas que determinaran la viabilidad de dicha estructura y, a partir de allí, una inversión que es de apenas 9 millones de dólares (menos del 10 por ciento de lo que costó el Antel Arena). El patrimonio histórico se defiende y fortalece, sin menoscabo de una utilización cultural futura que buena falta hace a ese departamento y al país.

No hay duda de que el Real de San Carlos será la contrafigura de este Antel Arena: el símbolo de lo que se logra cuando se administran

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