Un debate desafinado

César García Acosta

Si Uruguay fuese música, sonaría desafinada; si fuese fotografía, parecería desenfocada, pero como país –aunque estemos sumergidos en un aquelarre- los uruguayos seamos de izquierda, de derecha o de centro, nos empecinamos en vernos como los buenos en una película de malos. Es por eso que en este rincón del sur de América “se prende el señalero para izquierda, y se dobla para la derecha”. Los unos y los otros de la política, del gobierno o de la oposición, reafirman con sus actitudes aquél concepto tan bien manejado por el contador José Pedro Damiani, de que “los números no mienten, los que mienten son los que hacen los números”.

Todo esto viene a cuento del “affaire” de la Intendencia de Canelones y su fideicomiso en apariencia, para obras públicas, al que le faltó un voto en su Junta Departamental para consumarse. En este contexto el estado financiero de la Intendencia fue el argumento principal esgrimido por la oposición, para negar el voto al fideicomiso por US$ 80 millones propuesto por la administración de Yamandú Orsi.

Mientras el Frente Amplio insiste en que hay que afectar más dineros en la salida de la pandemia, en la Intendencia de Canelones pretenden mostrar un superávit que visto del otro lado del mostrador, requiere que «antes de pedir un nuevo endeudamiento, debería ajustarse el cinturón del gobierno departamental», como lo afirmó a El Observador el senador nacionalista Amín Niffouri. El ministro colorado Adrián Peña, por su parte, agregó que la comuna arrastra una deuda de US$ 380 millones por fideicomisos solicitados en los últimos años.  Y esto parece afirmarse en los dichos de la contadora Laura Tabárez, de la Intendencia, quien sostuvo que «hay superávit desde los últimos dos o tres años», por lo que las proyecciones dan cuenta que el saldo positivo al cierre de cada año del próximo quinquenio, trepará a los $ 65 millones al finalizar este 2021, y $ 418 millones al cierre del 2024.

Pero el debate lejos de insertarse en el contexto local de modo excluyente, se lo nacionalizó a riesgo de que los actores de los estamentos políticos nacionales, inciden como si se tratara de las “joyas de la abuela”, dejando el debate librado a un interés político que se levanta en Canelones como en cualquier otra parte del país, como el epicentro de un debate que transita una senda sin retorno, cuando se trata formas de financiarse que requieran más votos que los del propio Intendente.

Pero en los dichos de la propia contadora Tabarez está la razón de esta contienda: «… la previsión era generar ese superávit para pagar la deuda que contrajéramos y anticiparnos a algún imprevisto», explicó en referencia al fideicomiso, agregando: «eso es bien técnico: primero, si no tenés superávit o proyección de superávit, nadie te presta plata», afirmó. «Por otro lado, depende de lo que quieras hacer. Podés hacer las cosas a cuentagotas a medida que vas teniendo ganancias, o podés hacer una reforma de la capacidad instalada, algo que te permita generar ingresos futuros que te den para pedir un préstamo y ese shock de inversiones después te da un rendimiento con el que podés pagar el endeudamiento y generar más ganancia», dijo la contadora a El Observador.

Texto y contexto deben considerarse como si este lío se tratase de una melodía –como decíamos al principio- y recién por allí empezarían a afinarse la música sobre la base de la verdad y del sinceramiento político.

Dijo Orsi, con acierto en las últimas horas, que en el Congreso de Intendentes podrían encontrarse las salidas para este dilema, porque allí confluye la política, las formalidades y el interés común. En el hemiciclo de su añeja sala de sesiones es donde el debate podría adquirir la dimensión del interés común que permita encontrar el punto medio entre las posibilidades de financiamiento y la realidad.

La ingeniería financiera resulta claro que se podrá construir de distintos modos, sea mediante un fideicomiso para sostener otros fideicomisos, firmando vales o pagarés a largo plazo que en algún momento alguien tendrá que pagar como Estado, o aceptando nuevas formas de crédito que lejos de implicar pagos en el período sean contratos de las propias empresas de obra que más que realizadoras de plazas y pavimentos, son financieras carísimas en un Estado pobre.

Y la parte final de esta columna es la que más me importa, porque es la que encierra la verdad de un dilema que lejos de cuidar el endeudamiento futuro, lo que hace es comprimir –sea de quien sea el Gobierno Nacional- las posibilidades reales de las Intendencias como gobiernos locales o de cercanía.

Como gobiernos que son por derecho constitucional las Intendencias reciben el 3,33% de lo que el Estado cobra por impuestos a nivel nacional. Es algo así como un reintegro de lo que el propio territorio produce. Ese número marca que todas las Intendencias juntas son menos de 1 punto del PIB. Es más, si a esa cifra sumamos la recaudación anual de todas las patentes de los vehículos del país más los impuestos territoriales, apenas llegaríamos al 5% del PIB.

Tengamos en cuenta que la forma más extendida de calcular el PIB es sumar el consumo privado, la inversión, el gasto público y la diferencia entre las exportaciones y las importaciones: ese es el modo para comparar.

Todos los gobiernos departamentales juntos son un porcentaje muy menor del volumen nacional que manejan un Presidente de la República y sus Ministros. Incluso, con la mirada puesta en los propios fondos municipalizables, como por ejemplo el llamado “Fondo de Desarrollo del Interior” del artículo 298 de la Constitución, dejan entrever que más del 60% es manejado discrecionalmente por los gobiernos nacionales sin la exigencia de rendir cuenta por lo que hace o no hace, mientras las Intendencias por el 33% restante, no sólo debe rindir debida cuenta, sino que además debe negociar con los ministros qué hacer y dónde distribuir esos fondos.

Y finalmente el lector puede sumar al final de esta cuenta que las Intendencias tienen prohibido por la constitución y la ley, endeudarse, por lo que si lo hacen, deben apelar a mayorías especiales en sus legislativos. En los casos en que préstamos y fideicomisos prosperaron, inexorablemente la patente de rodados ha sido el gran respaldo financiero, y lo es –más que por el tributo en sí mismo- por el orden y la transparencia con que se ha manejado otro fideicomiso llamado SUCIVE (sistema único de cobro de la patente de rodados) que, bajo la premisa de “un país, una patente”, terminó con una guerra y se transformó en un pequeño banco que respalda con certezas la gestión de las Intendencias.

Este ejemplo de gestión de cobro centralizado, es la que ha sostenido en los últimos 10 años gobiernos departamentales que pudieron descentralizar sus gastos en favor de sus ciudadanías. Para lograrlo transparentaron sus impuestos vehiculares y canalizaron una gestión unificada que a los ojos de los colocadores de fondos tienen las garantías suficientes para apostar sin sobresaltos.

Y por allí está el camino a transitar, aunque el debate de fondo muy lejos de ser un fideicomiso, es cuánto deben recibir en forma directa 19 gobiernos departamentales y sus 125 municipios, de los impuestos que se pagan. Y un 3,33% parece poco.

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