Un pronunciamiento muy relevante

Julio María Sanguinetti

El próximo 27 de marzo, en Uruguay se realizará un referéndum contra 135 artículos de una extensa ley propiciada por el gobierno de coalición pentapartido que preside el doctor Lacalle Pou y sancionada el 9 de julio de 2020, es decir, hace un año y medio. Es una norma que abarca muchas materias relativas a seguridad, educación, derechos laborales y hasta la titularidad del número de teléfono celular, entre varios otros asuntos. Son 478 artículos, por lo que, como se advierte, el referéndum es parcial, tal cual lo habilita el sistema.

La Constitución uruguaya, en efecto, prevé algunos institutos de democracia directa, que procuran un balance entre las autoridades representativas y la soberanía originaria. Suiza ha sido el gran ejemplo en la materia, pero no todas las constituciones democráticas establecen esta poderosa herramienta política. La Argentina previó en la reforma de 1994 la iniciativa ciudadana o el procedimiento de consulta popular de un proyecto. En nuestro caso, se trata de que el 25% de los ciudadanos puede, dentro del plazo de un año, pedir la derogación de una ley y someterla al veredicto popular. Si se alcanza el 50% más uno de los votos válidos, la ley queda sin efecto.

En los últimos años se han dado numerosos casos. En 1989 y 2009, en dos oportunidades, se sometió a referéndum la llamada “ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, que amnistiaba delitos militares durante la dictadura. En ambos casos se ratificó la ley y en la segunda oportunidad con la curiosidad de que se votó junto a una elección nacional en que resultó presidente un veterano guerrillero tupamaro como don José Mujica.

En otras oportunidades, ha caído la ley, como pasó rotundamente en 1992, cuando se llevó a referéndum la que autorizaba la privatización de la empresa telefónica del Estado.

Importa señalar que, pensando en la estabilidad económica, no pueden llevarse a referéndum normas presupuestales, exoneraciones impositivas, fijación de precios, salarios mínimos o beneficios jubilatorios. Son materias en que el gobierno tiene una iniciativa privativa, sin la cual el Poder Legislativo no puede resolver. Es una restricción prudente, que cierra el camino a la exaltación demagógica.

En el caso actual, el proceso fue puesto en movimiento por el sindicalismo, que arrastró luego al Frente Amplio, coalición de izquierda muy limitada por ese poder corporativo.

Es un reto para el gobierno. No es una elección de medio término como en la Argentina, porque aquí no se juegan bancas parlamentarias, sino normas legales. En el imaginario político, sin embargo, funciona en muy buena medida así, como una gran encuesta o una suerte de plebiscito de opinión. Más allá del contenido de la ley, en este caso muy variada y compleja, la oposición la toma, aunque diga lo contrario, como una pulseada con el oficialismo.

Dejemos en claro que el pronunciamiento del mes que viene no tendrá, en ningún caso, consecuencias institucionales desestabilizadoras. Pero no por ello deja de ser muy relevante. El gobierno se juega la posibilidad de seguir adelante con reformas educativas imprescindibles, que se detendrían, al devolver a las corporaciones gremiales un poder desmesurado, que en los hechos impedía toda innovación. En materia de seguridad, cuando se ha logrado reducir el número de delitos mediante la acción de una policía con mayor sostén jurídico para su acción, sería sin duda un desaliento en su sacrificada lucha, que conlleva también, en estos tiempos, el enfrentamiento al narcotráfico internacional.

La oposición ha tenido ya algunos tropezones fuertes. Por ejemplo, la ley prevé que el ciudadano tiene derecho a preservar su número de teléfono celular y elegir la prestadora que desee. El sindicato de la empresa estatal denunciaba estentóreamente la norma, hasta con amenazas judiciales, presumiendo que sería la perdedora y que ello podía llevar a un proceso de privatización. Se basaba en la equivocada idea de que como poseía la mitad del mercado era la que más tenía para perder. Felizmente, la ley está funcionando y ello permite confrontar cuestionamientos con realidades. En el caso, han mostrado que la empresa estatal, lejos de perder mercado, aun ha mejorado su clientela frente a dos multinacionales. Y el ciudadano se ha beneficiado de una competencia que mejora los servicios y las ofertas de contrato.

Se ha agitado también el temor a excesos policiales, al establecerse que, salvo prueba en contrario, se presume que el agente del Estado actúa conforme a la ley. A nuestro juicio es una más que razonable presunción de inocencia, pero se ha hablado de la posibilidad de un “gatillo fácil”, hoy también desmentido por la realidad: en los últimos 18 meses, la policía ha abatido menos delincuentes que en el mismo lapso del gobierno anterior.

En todo caso, como siempre que se convoca al soberano, el resultado está abierto. La actual demografía política del país no permite vaticinar resultados catastróficos para ninguna de las dos opciones. Pensemos que nuestro actual presidente fue elegido en la segunda vuelta por un margen inferior a un 2%. Sin embargo, el gobierno ha manejado con solvencia la pandemia y el empleo muestra ya un proceso de recuperación, acorde con la mayor actividad económica. La propia figura del presidente recoge en las encuestas una opinión mayoritariamente favorable y la coalición de cinco partidos que él conduce ha funcionado eficazmente.

Miramos entonces el resultado con una perspectiva favorable para el gobierno (y el país). Las encuestas son afirmativas, pero hay todavía muchos indecisos y el humor popular es el humor popular…

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