Una medida sorpresiva

Ricardo J. Lombardo

El gobierno anunció que adelantaría al próximo julio el aumento salarial y de pasividades que según la pauta acordada debería producirse en 2023.

Asimismo, convocó a 82 consejos de salarios  en los más diversos sectores para que negocien la posibilidad de hacer lo mismo, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo salarial en este contexto de inflación.

La medida tomó por sorpresa a todos.

Los economistas ortodoxos la rechazaron con un argumento de libros de texto: el aumento de las remuneraciones de los trabajadores contribuye a alentar la subida de los precios.

El Pit Cnt consideró insuficientes esos incrementos de 2% para los sectores públicos y 3% para los pasivos.

Los sectores políticos vinculados al gobierno celebraron la medida.

Los opositores la criticaron no solo por ser puntualmente insuficientes sino que reclamaron que se atendiera la pobreza en primer lugar, antes que estas medidas más generales.

Los industriales reaccionaron con preocupación, señalando que esto podría tornar inviables a algunas actividades.

Los exportadores advirtieron que se trata de un incremento de costos que se suma a la caída del tipo de cambio, por lo cual afectarían grandemente la competitividad.

Cada uno habla de la feria según le va en ella, reza un viejo dicho popular.

Lo cierto es que el Presidente Lacalle con una clara intencionalidad política, consultó a su equipo económico si había margen para evitar un continuo deterioro en el poder adquisitivo en función del impulso inflacionario reciente.

No hay que ser demasiado astuto para detectar una voluntad de adelantarse a la conflictividad prevista para este año y, en particular, a los reclamos de los trabajadores el 1º de mayo.

La ministra de Economía Azucena Arbeleche y el director de planeamiento Isaac Alfie, le señalaron al primer mandatario que había margen para ese ajuste.

Los anuncios sorprendieron a todos. Sobre todo a los economistas ortodoxos, acostumbrados a ser muy restrictivos en cuanto a las cuentas públicas y a los instrumentos de indexación salarial, cuando se está en un contexto inflacionario.

Es valor entendido que debe existir un equilibrio entre las variables macroeconómicas de corto plazo: la política monetaria, la fiscal y la cambiaria.

Por eso, el pensamiento tradicional, cuando se trata de control inflacionario, pone énfasis en el déficit fiscal que para muchos es la causa principal del aumento sostenido y continuo del nivel general de precios. Si el gasto público se incrementa demasiado, obliga a la emisión monetaria para pagar el déficit y esto genera presiones inflacionarias que hacen subir el tipo de cambio.

Ese es el esquema tradicional con que se han manejado los gobiernos y que está impreso a fuego en cualquiera que se precie de experto en este asunto.

Pero estamos en un caso atípico. La masa monetaria se incrementó autónomamente en los últimos dos años con la intención de evitar o atenuar la recesión producida por la pandemia; el tipo de cambio está bajo, por efecto de las presiones del mercado y el deterioro de valor de la divisa norteamericana en el mundo; así que las cuentas públicas sin producir desajustes ni déficits incontrolables, tenía margen para crecer.

Al contrario de los que estamos acostumbrados a ver en las últimas décadas, un aumento en el gasto público no parece desalinear los equilibrios necesarios entre las políticas monetaria, cambiaria y fiscal y por lo tanto no contribuye a las presiones inflacionarias.

Eso dio margen de maniobra al gobierno y lo utilizó.

Compartir

Deja una respuesta